El crecimiento de las plataformas digitales de anuncios de viviendas ha traído consigo un aumento significativo de las estafas vinculadas al alquiler y venta de inmuebles, especialmente en la Comunidad de Madrid. Así lo advierte el despacho especializado PenalTech, que alerta sobre los riesgos de realizar pagos anticipados sin garantías suficientes y sin verificar la autenticidad de los anunciantes.
Dos recientes resoluciones judiciales evidencian la dimensión del problema y la sofisticación de este tipo de fraudes. Por un lado, la Audiencia Provincial de Guadalajara, en sentencia de 12 de febrero de 2026, confirmó la condena por delito leve de estafa a dos personas que publicaron un anuncio falso de alquiler de una habitación en Madrid, logrando que la víctima realizara un pago de 200 euros a través de Bizum como fianza. Tras recibir el dinero, los autores dejaron de responder a los mensajes de la perjudicada.
Por otro lado, la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia de 15 de diciembre de 2025, ratificó la condena a nueve meses de prisión por un delito de estafa en el que la acusada facilitó su cuenta bancaria para recibir 1.200 euros correspondientes a la supuesta reserva de un inmueble inexistente en Parla. La víctima, tras efectuar el pago, comprobó que la vivienda no estaba realmente en alquiler y que nadie acudía a formalizar el contrato.
Ambos casos reflejan patrones comunes en este tipo de delitos: anuncios aparentemente legítimos en plataformas reconocidas, urgencia en el pago para asegurar la reserva y uso de métodos de pago inmediatos o difíciles de rastrear. Además, ponen de manifiesto la participación de terceros que, aun no siendo autores materiales directos del engaño, colaboran facilitando cuentas bancarias o medios para consumar la estafa.
Desde PenalTech, su socio director, Fran Peláez, advierte de la creciente profesionalización de estas prácticas: «Estamos viendo una evolución clara en las estafas inmobiliarias online. Ya no se trata de fraudes rudimentarios, sino de operaciones organizadas en las que intervienen varias personas con roles definidos, lo que dificulta su detección y persecución».
El experto en ciberdelincuencia subraya además la importancia de la prevención: «El principal error de las víctimas es confiar en la apariencia de legitimidad del anuncio. El hecho de que esté publicado en una plataforma por todos conocida no garantiza su autenticidad. Es imprescindible desconfiar de cualquier solicitud de pago anticipado sin haber verificado previamente la identidad del arrendador y la existencia real del inmueble».
Las sentencias mencionadas también ponen el foco en la responsabilidad penal de quienes facilitan medios para cometer el fraude. Por ejemplo, en el segundo caso arriba indicado, la Audiencia Provincial de Madrid considera que prestar una cuenta bancaria para recibir dinero de origen ilícito puede constituir cooperación necesaria en el delito de estafa, incluso aunque el titular no haya publicado directamente el anuncio.
«Muchas personas creen que prestar su cuenta bancaria a un tercero es una conducta inofensiva o de escaso riesgo, pero la realidad es que puede tener consecuencias penales graves», explica el abogado. «La jurisprudencia es clara: si existe conocimiento o indicios suficientes de que esa cuenta se va a utilizar para actividades ilícitas, la responsabilidad penal es directa», concluye Peláez.
El despacho insiste en que este tipo de fraudes afecta especialmente a colectivos vulnerables, como jóvenes, estudiantes o personas en búsqueda urgente de vivienda, quienes pueden verse presionados a realizar pagos rápidos para no perder una oportunidad aparentemente atractiva. Desde la firma recuerdan que, en caso de sospecha de estafa, es fundamental denunciar los hechos lo antes posible y recopilar todas las pruebas disponibles, como conversaciones, justificantes de pago y anuncios. La rápida actuación puede ser determinante tanto para la investigación como para la eventual recuperación de las cantidades defraudadas.
