La capital española vuelve a encabezar el ranking nacional de ingresos derivados de sanciones de tráfico. Según el IV Informe sobre ciudades y multas elaborado por la entidad Dvuelta, Madrid prevé ingresar 194,5 millones de euros por este concepto durante el ejercicio de 2026.
Aunque la cifra presupuestada por el Ayuntamiento de Madrid para 2026 supone un descenso del 6,7% respecto al año anterior, la capital sigue concentrando más de la mitad del total de ingresos por multas de las diez grandes ciudades españolas. Esta cuantía es 3,4 veces superior a la recaudada por Barcelona, que se sitúa en segundo lugar.
El informe atribuye esta posición de liderazgo a una política de vigilancia intensiva y a la extensión de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad, convirtiendo a la capital en un «laboratorio de fiscalización» debido a su elevada densidad de tráfico.
Presión económica: por habitante y por vehículo
Más allá de las cifras totales, el estudio analiza la carga fiscal real sobre los ciudadanos:
- Por habitante: Madrid se sitúa como la tercera ciudad con mayor presión fiscal por multas e Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), con una media de 95,7 euros por residente, superando la media de las diez capitales analizadas, que es de 80,8 euros.
- Por vehículo: La capital también destaca en este indicador, con una media de 181,9 euros por cada vehículo censado, solo por detrás de Bilbao.
Impacto global en las arcas municipales
Si se suman todos los conceptos relacionados con la movilidad —multas, IVTM y tasas de grúa—, la recaudación prevista para Madrid en 2026 alcanza los 344,5 millones de euros. Esta cantidad representa el 41,9% del total ingresado por las diez principales capitales de España juntas, cuya suma supera los 821 millones de euros.
Valoración del informe
Dvuelta señala que el discurso oficial de las administraciones, que justifica estas medidas en la seguridad vial y la sostenibilidad, es percibido por muchos conductores como una estrategia orientada a maximizar los ingresos. Según la entidad, la proliferación de sanciones por infracciones menores y la falta de transparencia en la gestión de estos fondos refuerzan la sensación de que la función sancionadora ha dejado de ser una herramienta de prevención para convertirse en un recurso estructural de financiación municipal.
