La implantación obligatoria de la nueva tasa de gestión de residuos en los municipios de la Comunidad de Madrid supondrá un incremento de los costes para las empresas y plantea riesgos relevantes de inseguridad jurídica, según concluye un informe elaborado por la consultora Global de Asesoramiento para la Confederación Empresarial Independiente de Madrid (CEIM).
El estudio analiza la aplicación de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obligaba a todos los ayuntamientos para establecer antes del 10 de abril de 2025 una tasa —o, en su caso, una prestación patrimonial pública no tributaria— destinada a financiar íntegramente los costes de recogida, transporte y tratamiento de residuos.
Impacto económico
El informe estima que la aplicación de la nueva tasa de residuos supondrá una carga fiscal adicional de aproximadamente 150 millones de euros anuales para el tejido empresarial de la Comunidad de Madrid. Si se suma el impacto correspondiente al uso residencial, la recaudación total derivada de la tasa ascendería a unos 539 millones de euros anuales, que deberán ser asumidos por ciudadanos y empresas madrileñas.
Según el estudio, la mayor parte de esta carga recae sobre sectores empresariales intensivos en superficie, comercio, hostelería e industria, sin que en muchos casos exista una correlación directa entre la cuota exigida y la generación efectiva de residuos .
«No era una exigencia directa» de la Unión Europea
Según el informe de Global de Asesoramiento, la normativa europea exige que los costes de la gestión de residuos sean cubiertos y que se aplique el principio de “quien contamina paga”, pero no imponía de forma expresa la creación de una tasa específica como la aprobada en España.
En este contexto, el estudio señala que la legislación estatal ha trasladado a los ayuntamientos el diseño del tributo sin definir de forma suficiente aspectos clave como los criterios de cálculo, la metodología de imputación de costes o la vinculación efectiva de la cuota a la generación real de residuos.
Aplicación «desigual» entre municipios
El informe advierte de que esta falta de concreción normativa ha dado lugar a modelos muy heterogéneos de ordenanzas fiscales municipales, con criterios distintos según el municipio, lo que genera desigualdad entre contribuyentes y un escenario de elevada inseguridad jurídica.
En muchos casos, la cuota de la tasa se calcula en función de la titularidad o la superficie del inmueble, y no de la cantidad real de residuos generados, lo que, según el estudio, desvirtúa el carácter ambiental del tributo y lo aleja de los sistemas de pago por generación promovidos en el ámbito europeo.
«Sin justificación económica generalizada»
Desde el punto de vista económico-financiero, el informe concluye que la situación presupuestaria de los ayuntamientos madrileños no justificaría, con carácter general, la implantación de una nueva figura tributaria, por lo que la tasa supone una carga adicional para empresas y ciudadanos.
“La nueva tasa se está implantando sin una metodología homogénea y, en muchos casos, sin una vinculación real entre la cuota exigida y los residuos efectivamente generados, lo que incrementa la presión fiscal y la inseguridad jurídica para el tejido empresarial”, señala Manuel de Vicente Tutor, uno de los autores del informe elaborado por Global de Asesoramiento.
Comparativa europea y propuestas
El estudio compara el modelo español con los sistemas de financiación de la gestión de residuos de países como Alemania, Francia, Italia o Irlanda, donde existen mecanismos más vinculados al uso efectivo del servicio y con mayor homogeneidad normativa.
A partir del diagnóstico realizado, los autores plantean propuestas para las empresas dirigidas a reducir el impacto económico del tributo, formulan recomendaciones a los ayuntamientos orientadas a mejorar la eficiencia y equidad del sistema y, finalmente, proponen una revisión del marco normativo estatal para logar un sistema coherente, jurídicamente seguro y alineado con los objetivos de circularidad y sostenibilidad exigidos por la normativa europea.
En definitiva, el informe aspira a servir de herramienta de apoyo al empresariado de la Comunidad de Madrid, ofreciendo una visión documentada, rigurosa y práctica sobre el proceso de implantación del nuevo tributo por la gestión de residuos y sobre las vías más adecuadas para afrontarlo.
