La réplica institucional tras la exigencia de la administración autonómica no se ha hecho esperar. La Delegación del Gobierno de España en Madrid ha emitido un comunicado oficial en respuesta a las reclamaciones de la Comunidad de Madrid sobre la tramitación de expedientes de repatriación de 110 menores extranjeros no acompañados.
El departamento estatal ha calificado de «irresponsable y políticamente interesada» la acusación de inactividad, asegurando que la gestión se está desarrollando bajo un estricto cumplimiento normativo y en defensa del interés superior del menor. A nivel administrativo, la representación del Ejecutivo central ha aclarado que, hasta el momento de la difusión de su nota oficial, no se ha recibido por los cauces formales la documentación o información adicional que el Gobierno regional anunció públicamente que iba a remitir en relación con dichos expedientes.
Tramitación reglamentaria frente a la automatización
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha iniciado en que los procedimientos de retorno de menores tutelados no pueden ejecutarse de manera automática ni inmediata. La resolución de estos casos se encuentra regulada por un marco normativo específico que exige una evaluación pormenorizada de cada situación.
- Marco legal aplicable: Las actuaciones se rigen de acuerdo con lo estipulado en la Ley Orgánica 4/2000 y el Real Decreto 1155/2024, normas que ordenan las condiciones bajo las cuales debe coordinarse cualquier proceso de reagrupación familiar transnacional.
- Garantías de evaluación: El texto aclara que es imperativo disponer de dictámenes e informes preceptivos que analicen el entorno personal, familiar y social del menor en su país de origen antes de formalizar cualquier decisión administrativa.
- Gestión diplomática en curso: La Delegación del Gobierno ha confirmado que ya trasladó previamente a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales el inicio de los trámites obligatorios. Actualmente, se está a la espera de recibir los informes solicitados a las distintas representaciones diplomáticas originarias a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
«Resulta profundamente grave presentar como una supuesta «inacción» lo que, en realidad, es el cumplimiento estricto de las garantías legales que protegen a los menores», reza el comunicado institucional de la Delegación.
Recordatorio de las competencias de tutela autonómica
El comunicado del organismo estatal concluye recordando el reparto competencial vigente en materia de bienestar social. En este sentido, subraya que la Comunidad de Madrid ostenta la competencia exclusiva y plena en lo relativo a la protección, asistencia ordinaria, tutela e integración de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo su guarda dentro de la red de centros regionales.
La Delegación del Gobierno ha instado al Ejecutivo regional a ejercer estas responsabilidades con «humanidad y sentido común», rechazando el uso de la protección de la infancia como un elemento de confrontación entre administraciones y reafirmando su compromiso de actuar con rigor jurídico y lealtad institucional, al margen de las estrategias partidistas o las advertencias de acciones judiciales.
