La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha solicitado formalmente a la Comisión Europea que no active el tratado comercial con Mercosur hasta que se «establezcan garantías sólidas para blindar a los agricultores y ganaderos», a pesar de que los propios eurodiputados del PP han dado luz verde a la iniciativa. A través de un comunicado en sus redes sociales, la dirigente regional ha defendido que, aunque el acuerdo «representa una oportunidad para Europa», esta no puede materializarse «a espaldas del mundo rural».
Ayuso ha instado asimismo al Gobierno de España a ejercer una defensa activa de los intereses del sector primario, al que ha calificado como un «sector estratégico» esencial para la alimentación, la vertebración del territorio y el cuidado del medio ambiente.
El Pacto de Madrid por el sector primario
Esta reclamación de la presidenta se produce apenas una semana después de que el Ejecutivo regional diera un paso firme a nivel autonómico. El pasado 15 de enero, la Comunidad de Madrid suscribió un pacto integral para proteger al sector primario regional frente a las posibles consecuencias del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.
El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, lideró la firma de este documento tras reunirse con representantes de las principales organizaciones agrarias: ASAJA Madrid, UGAMA, AGIM-COAG, UPA Madrid y la Unión de Cooperativas Agrarias Madrileñas. El objetivo central de esta alianza es asegurar la rentabilidad y viabilidad de las explotaciones madrileñas en el nuevo escenario comercial internacional.
Reciprocidad y controles sanitarios
Uno de los puntos críticos del pacto suscrito en la Puerta del Sol es la advertencia sobre el riesgo de depender de terceros países para el suministro de alimentos si no se les exigen los mismos estándares que a los productores locales. Para mitigar este riesgo, la Comunidad de Madrid se ha comprometido a:
- Reforzar los controles en frontera e intensificar las inspecciones en los países de origen.
- Exigir una reciprocidad normativa estricta, asegurando que todos los profesionales cumplan los mismos estándares medioambientales, sociales y de trazabilidad.
- Defender una PAC (Política Agraria Común) sólida con financiación adecuada y orientada a un modelo productivo justo.
- Implementar garantías efectivas y compensaciones operativas para los productores locales cuando se produzcan desequilibrios en el mercado.
«Nuestros agricultores necesitan competir en igualdad de condiciones», insistió Novillo durante la firma del pacto, subrayando que la seguridad alimentaria y la autosuficiencia de la región dependen de que las importaciones a ambos lados del Atlántico sean equitativas.
