La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes, 15 de junio, la intención de su Gobierno de suscribir convenios de colaboración con el resto de las comunidades autónomas españolas. Esta medida busca garantizar que los alumnos universitarios y de otros niveles formativos que se trasladen a la región puedan beneficiarse del abono joven y sus tarifas reducidas sin necesidad de modificar su padrón municipal en sus autonomías de origen.
El anuncio se ha producido durante la intervención de la presidenta en un desayuno informativo organizado para presentar al nuevo portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache. Ayuso ha enmarcado esta decisión en la aplicación de la ley del Consorcio Regional de Transportes del año 2011, señalando que la normativa autonómica exige que las subvenciones tarifarias se destinen prioritariamente a los contribuyentes locales, quienes sufragan de media el 90% del coste total del transporte a través de sus impuestos. Según ha defendido, esta recaudación es esencial para sostener las ampliaciones de la red, los planes de modernización y el pago de los salarios de los empleados.
Esta propuesta de convenios bilaterales surge como una respuesta directa a la polémica generada por la entrada en vigor, de manera efectiva desde este mismo lunes 15 de junio de 2026, de una nueva directriz de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras. La orden, que fue publicada formalmente el pasado viernes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), restringe la tramitación de nuevas Tarjetas de Transporte Público (TTP) personales o duplicados únicamente a aquellos usuarios que acrediten su residencia legal en los municipios madrileños.
La nueva regulación modifica el procedimiento administrativo que existía hasta la fecha, bajo el cual bastaba con abonar una tasa de 4 euros, aportar una dirección postal y exhibir un documento de identidad común como el DNI, NIE o pasaporte. A partir de ahora, el Consorcio exige un certificado de empadronamiento actualizado, permitiendo de forma excepcional que la administración consulte este dato de manera telemática si el sistema lo hace viable. De este requisito quedan excluidos por convenio previo los residentes de las provincias limítrofes que pertenecen a las zonas tarifarias E1 y E2 de Castilla-La Mancha y Castilla y León.
Los cálculos iniciales de la administración madrileña estiman que la obligatoriedad del empadronamiento afectará de forma directa a un 3,4% de los usuarios habituales de la red pública, aclarando asimismo que la norma no se aplicará con carácter retroactivo para quienes ya tengan su tarjeta en propiedad. Sin embargo, la medida despertó críticas inmediatas debido al perjuicio directo que ocasionaba a colectivos sin padrón local, como los estudiantes de fuera de la comunidad o inmigrantes en pleno proceso de regularización documental.
Como última disposición, la normativa contempla una prórroga o salvedad temporal por motivos técnicos para los beneficiarios del título oficial de familia numerosa, quienes mantendrán el protocolo de gestión habitual para conservar sus derechos sociales. Toda la información complementaria respecto al listado de municipios adscritos o detalles técnicos sobre el nuevo trámite de la tarjeta de transporte civil puede consultarse en el dominio oficial del organismo: www.crtm.es.
