El enfrentamiento institucional entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid se ha elevado a la vía judicial. El Ejecutivo Central ha confirmado que activará un proceso contencioso administrativo contra el gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso por su rechazo a confeccionar el listado de profesionales sanitarios que se acogen a la objeción de conciencia para no practicar interrupciones voluntarias del embarazo (IVE).
La Consejería de Sanidad de Madrid defendió su posición y retó al Ministerio a seguir adelante con el litigio. La consejera Fátima Matute justificó la negativa de la autonomía, argumentando que no se va a «señalar» a nadie: “En la Comunidad de Madrid creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente. No vamos a señalar y perseguir a quienes abortan ni a quienes practican o no abortos”. Matute fue contundente al expresar que “Preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario”.
Ante esta oposición, la ministra de Sanidad, Mónica García, confirmó esta mañana la decisión de acudir a los juzgados: “Vamos a acudir a los tribunales, claro. Es que es nuestra obligación”. García insistió en que el Gobierno de España tiene el deber de garantizar que la ley se cumpla en todo el territorio: “Es nuestra obligación, como Gobierno de España, que la ley se cumpla”.
El Ministerio interpreta que la postura de Madrid no solo desafía al Gobierno central, sino que representa una “rebelión contra el ministerio, contra el Gobierno y contra los derechos de las mujeres”, además de perjudicar a los propios profesionales que desean ser objetores.
El conflicto gira en torno a la ley del aborto, que exige a todas las regiones habilitar un registro de los doctores que se niegan a realizar la IVE. El plazo otorgado por el Gobierno Central a las autonomías, que incluyó una prórroga de un mes, venció este pasado fin de semana. Mientras que otras regiones que también tenían pendiente el listado, como Aragón y Balears, han solicitado una extensión para poder elaborar los documentos, el gobierno madrileño se ha mantenido en una oposición absoluta a la normativa.
