El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso presentado por el Grupo Municipal Socialista (PSOE) contra el Plan RESIDE del Ayuntamiento de Madrid, aprobado por Acuerdo de 27 de agosto de 2025, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Para los socialistas, la decisión del TSJM «abre la vía para esclarecer las irregularidades y efectos nocivos que el plan puede tener sobre el acceso a la vivienda y la convivencia en los barrios madrileños».
Según el concejal Antonio Giraldo, portavoz de Urbanismo del Grupo Municipal Socialista, “llevamos meses denunciando que el plan del gobierno de Almeida abre la puerta a transformaciones urbanísticas que no garantizan vivienda asequible ni seguridad jurídica para los residentes». «Recordemos que con este proyecto se podrá transformar hasta el 73% de inmuebles del centro de Madrid en turísticos. Consideramos que no se puede legislar a golpe de propaganda mientras miles de familias sufren alquileres inasumibles”, ha señalado.
El edil socialista concluye que “confiamos en que el procedimiento judicial ponga luz sobre los criterios, impactos y beneficiarios reales del plan. Madrid necesita políticas serias y que beneficien a la mayoría de los madrileños, no solo a los pocos de siempre: más vivienda asequible, refuerzo de la inspección y convivencia garantizada en los barrios, no atajos que acaban en los tribunales.”
«Desde el Grupo Municipal Socialista presentamos este recurso ante la Justicia no solo porque este no sea nuestro modelo de ordenación de las viviendas de uso turístico, sino porque consideramos que, en esta nueva normativa, que el PP aprobó en solitario, existen defectos de forma y de fondo», añade. “Haremos que la Justicia se pronuncie. Haremos todo lo posible por parar este Plan Reside ‘fake’ que Almeida quiere imponer a los vecinos y vecinas de Madrid”, concluye Giraldo.
Entre los argumentos presentados en el recurso, el PSOE señala que el plan RESIDE «introduce un perjuicio a la ciudadanía de Madrid como un instrumento para favorecer el negocio de grandes fondos inversores, que puedan financiar la transformación de casi cualquier edificio residencial en toda la ciudad de Madrid, favoreciendo la expulsión de sus residentes actuales».
Una vez que el Tribunal considera que el recurso contencioso-administrativo cumple los requisitos formales se inicia formalmente el procedimiento judicial y el Tribunal requiere a la Administración demandada (el órgano que dictó el acto o disposición impugnada) que remita el expediente administrativo en un plazo de 20 días. En lo próximos meses, «esgrimiremos ante el TSJM los argumentos por los cuales lo consideramos no solo nocivo, sino posiblemente irregular con la legislación vigente», finalizan.
