CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE ha rechazado «de manera contundente» la propuesta de Junts, aceptada por el PSOE, que pretende incluir en el proyecto de Ley de Atención al Cliente la obligación de que todas las empresas con más de 250 empleados o una facturación superior a 50 millones de euros, independientemente de su domicilio social, deban atender en catalán a los clientes que así lo soliciten.
Los empresarios de Madrid «exigimos al Gobierno respeto a la libertad de empresa, en una economía regida por el intercambio y los precios en condiciones de igualdad, y dejar de lado las imposiciones, que tanto dañan la competitividad empresarial «. Subrayan que «es inaceptable que se introduzca la política en las iniciativas empresariales «. «Debe respetarse el margen de autonomía de dirección para el empresario, característica inherente a cualquier empresa privada, sino estaríamos hablando de una empresa pública”, destacan desde CEIM.
Además, CEIM destaca que las empresas que operan o mantienen relaciones comerciales con Cataluña «ya ofrecen de forma mayoritaria esta posibilidad a sus clientes y proveedores, fruto de su propia estrategia empresarial y de negocio, sin necesidad de imposiciones «.
Precisamente, a este respecto, los empresarios de Madrid critican que la medida «no se haya debatido con las propias empresas «, que son las afectadas directamente: “se toman las decisiones en el ámbito político y se aplican al privado sin medir las consecuencias”.
Los empresarios de Madrid señalan que, «pese a que la medida puede ser comprensible desde una perspectiva nacionalista (Junts), sorprende que el Gobierno, que debería velar por el interés general, acepte intervenir en la libertad de empresa e imponga esta medida a empresas radicadas fuera de Cataluña «. “Obedece solamente a un acuerdo político ajeno al interés general, que implica contentar a los nacionalistas y seguir en el poder”, remarcan los empresarios de Madrid.
Los empresarios de Madrid insisten en que, «en un contexto marcado por un incremento de la presión fiscal y de los costes sociales sobre las empresas, esta obligación supondría que las empresas de los sectores básicos de interés general tuvieran que implementar un servicio de atención al cliente en catalán, con el sobrecoste que ello implicaría y la merma, una vez más, de la productividad, que parece ser la última preocupación del Gobierno «.
«Lejos de velar por el interés general, el Ejecutivo está aceptando intervenir en la libertad de empresa solo por contentar a los nacionalistas y seguir en el poder «, insisten desde CEIM, y añaden: “es intolerable introducir obligaciones, burocracia, costes y disfunciones por razones meramente políticas”
