El sindicato UGT ha denunciado, mediante un estudio realizado (enlace al documento), que el Gobierno de la Comunidad de Madrid encabezado por Isabel Díaz Ayuso ha cedido a la gestión privada 1,6 millones de metros cuadrados de suelo público, en un total de 80 parcelas, desde que asumió las competencias en materia educativa, en julio de 1999.
«El trabajo de análisis comenzó a realizarse cuando se inició la citada privatización», exponen, y tuvo un primer estudio en 2007. Desde entonces UGT «ha seguido recabando la información relativa a dichas cesiones, fruto del ello es este segundo estudio, actualizado».
Según concluye UGT, se han cedido 80 parcelas, con un total de metros cuadros estimados de 1.596.151 m2. El tamaño medio de la parcela cedida es de 19.951 m2, aunque existen algunas que superan ampliamente ese espacio. La cesión puede realizarse a través de un ayuntamiento o de la propia Comunidad de Madrid y suele concederse por 75 años, aunque algunas lo son por menos tiempo, pero no inferior a 40 años.
Puede o no haber un período de carencia, que suele ser de 4 años, durante los cuales los adjudicatarios están exentos de pagar canon, los más frecuentes son los establecidos en 8.000 euros y 12.000 euros anuales, lo que equivale a decir que sale más barato que el alquiler que muchos madrileños y madrileñas deben pagar por un piso para vivir, señalan desde UGT. El terreno puede utilizarse como aval para conseguir créditos que permitan abordar la construcción de los centros y 18 de estas parcelas (22,5% del total) se han cedido a centros que tienen enseñanza diferenciada por sexo.
Asimismo, se analizan ·los dos tipos de privatización: la que se realiza directamente, mediante concurso, para la selección de una empresa adjudicataria y la que se realizó privatizando el suelo y revendiéndolo para la construcción de centros educativos concertados, entre los que se encuentran los centros afectados por el caso Púnica a través de Alfedel·. También se analizan algunos casos que hemos de definir como “situaciones singulares”, que se salen de las pautas generales.
Todo ello «nos lleva desde UGT a denunciar el nivel de privatización y substracción de bienes públicos de toda la ciudadanía, para enriquecimiento y negocio particulares, mediante la cesión de suelo público para la construcción de centros educativos privados, porque hay que recordar que son privados».
Y recuerda a la Administración educativa y a la población madrileña que «la Constitución Española no contempla dicha posibilidad, si no la libertad de creación de centros docentes privados». Es más, el planteamiento de que «para tener libertad de elección de centro debe de existir una oferta pública y privada financiada con fondos públicos es una falacia».
«Los datos revelan que el desarrollo de la red privada solo garantiza segregación del alumnado por nivel socioeconómico, por un lado, y la creación de una maquinaria para derivar fondos públicos a intereses privados, por otro». Por todo ello, UGT rechaza «la cesión y enajenación de suelo público para negocios privados de enseñanza».
