El sector del taxi estudia denunciar a la Comunidad de Madrid por posible prevaricación al permitir que las VTC continúen operando

La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) denunciará a la Comunidad de Madrid por posible prevaricación «al permitir, extralimitándose a sus competencias», que las VTC continúen prestando servicio en la capital a partir de octubre, cuando vence el plazo establecido por el decreto Ábalos para regular en esta materia.

Así lo ha comunicado la FPTM este mismo miércoles, tras conocerse la decisión de la Comunidad de Madrid de modificar la ley 20/1998 de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Región, para crear una nueva autorización que permita a estos vehículos continuar prestando servicio .Esta nueva normativa «chocaría frontalmente con la normativa estatal que otorga al Ejecutivo las competencias en gestión de autorizaciones VTC».

“Tenemos muchas dudas jurídicas sobre la forma en la que se van a habilitar este tipo de autorizaciones estatales, gestionadas por el Ministerio de Transportes, para que pasen a realizar transporte urbano”, ha explicado el presidente de la FPTM, Julio Sanz.

En este sentido, Sanz ha subrayado que “la Comunidad de Madrid se salta la normativa estatal de nuevo y ofrece a las VTC una normativa hecha a su medida que da cabida al libertinaje en el transporte de viajeros, al tiempo que precariza y menosprecia al sector del taxi”. Y es que, según explican desde la FPTM, la nueva ley «no solo no tiene en cuenta al sector, sino que también ignora la doctrina del Tribunal Supremo sobre la protección del taxi como servicio público esencial».

“El gobierno de Isabel Diaz Ayuso continúa avanzando en su camino firme de condenar al sector del taxi y acciones como esta, en las que, como mínimo, roza la prevaricación y emite una nueva ley no consensuada ni informada al sector del taxi, confirman las denuncias reiteradas de abandono que desde el taxi de Madrid venimos haciendo”, ha apuntado Sanz.

Por último, desde la FPTM han insistido en que tomarán todas las medidas jurídicas a su disposición para «evitar este atropello jurídico» y evitar, en última instancia, “que se siga eximiendo de cumplir la ley a los que la incumplen de manera sistemática”, ha zanjado Sanz.

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