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La crisis sanitaria producida por la COVID-19 ha ocasionado el aumento de la vulnerabilidad y de la pobreza en España, siendo este problema especialmente grave en la Comunidad de Madrid, que ya en 2019 encabezaba la desigualdad en España con el 16,2% de la población en condiciones de exclusión social (Informe Foessa 2019).
Informes recientes de Intermón Oxfam, Cáritas y Fundación Foessa alertan de un incremento creciente de la pobreza severa y de la vulnerabilidad debido a la crisis sanitaria, económica y social, y que una parte importante de los hogares vulnerables no disponen de dinero suficiente para pagar los gastos de suministros básicos, como el agua o la energía.
Por otra parte, durante la pandemia se han evidenciado graves problemas de acceso al agua, al saneamiento y a la higiene por parte de sectores de la población vulnerables, generalmente vinculados a situaciones de pobreza y de emergencia habitacional relacionadas con desahucios, asentamientos informales y trabajadores temporeros.
En julio de 2010 la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció el derecho al agua potable y al saneamiento. Ambos derechos son esenciales para el pleno disfrute de la vida, de la salud y de todos los derechos humanos, y son legalmente vinculantes para los estados firmantes, como España, del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Las administraciones públicas están obligadas, por tanto, a respetarlos, protegerlos, cumplirlos y promoverlos en todos los ámbitos de la vida, tanto en los hogares como en los espacios públicos y comunes.
Esto ha motivado que una veintena de organizaciones sociales hayan considerado necesario impulsar una campaña de incidencia institucional y ciudadana para «avanzar en la implementación efectiva de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en la Comunidad de Madrid», con los siguientes objetivos:
1º. Promulgación de una Ley que garantice la disponibilidad de un mínimo vital de agua y la prohibición de cortes de suministro para hogares en condiciones de vulnerabilidad económica y social.
2º. Asegurar la cobertura universal de los servicios de agua y saneamiento en toda la Comunidad.
3º. Incorporar a los ayuntamientos en la garantía del mínimo vital, mediante la intervención previa de los servicios sociales municipales en casos de cortes de suministro. Establecer criterios uniformes para la identificación de las situaciones de vulnerabilidad que permitan acceder al mínimo vital.
4º. Redactar un nuevo reglamento del abastecimiento y saneamiento del Canal de Isabel II que sea consecuente con los principios y criterios definitorios de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.
5º. Exigir a la administración autonómica y a los ayuntamientos que cumplan con sus obligaciones de respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en los espacios públicos y comunes.
6º. Impulsar actividades de concienciación e información ciudadana sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.
El próximo 2 de marzo, a las 19:00 horas, se celebrará un acto virtual de presentación de la campaña, a través de la plataforma Youtube, en el que participará Pedro Arrojo, relator de Naciones Unidas para los derechos humanos al agua y al saneamiento.
Organizaciones sociales que impulsan la campaña:
Amigos de la Tierra, ATTAC, CCOO, CGT Madrid-CLMEX, Club de Amigos de la Unesco de Madrid (CAUM), Club Debates Urbanos, Coordinadora Vivienda Madrid, Corazón Verde en Chamberí, Ecologistas en Acción, FACUA, Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), GRAMA, Jarama Vivo, Marea Azul, Observatorio Patrimonio Sierra de Guadarrama, ONGAWA-Ingeniería para el Desarrollo Humano, Parque Sí Chamberí, Plataforma contra la privatización del CYII (PCPCYII), Red Agua pública de la Comunidad de Madrid (RAPM), Unión General de Trabajadores de Madrid (UGT), Unión Sindical Obrera (USO)
