Imputada la directora de una residencia pública de Carabanchel por la muerte por COVID de una interna que no fue derivada a un hospital

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El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha imputado a la directora de una residencia pública de Carabanchel por la muerte de una paciente el pasado 27 de marzo por coronavirus después de que no fuera derivada a un hospital.

En el auto el juez cita a la directora de la Gran Residencia, en la avenida General Ricardos de la ciudad de Madrid y gestionado por la Agencia Madrileña de Atención Social, para el próximo 26 de febrero por la presunta comisión de un delito de homicidio. El juez acuerda citar a la directora «para averiguar y hacer constar la perpetración del delito, las circunstancias que puedan inuir en su calicación y la culpabilidad de las personas responsables, asegurando su disponibilidad a resultas de esta causas y las responsabilidades pecuniarias que se deriven».

El instructor de las diligencias recalca que los hechos ocurridos el pasado 27 de marzo, en pleno pico de la primera ola de la pandemia del coronavirus en nuestro país, «revisten caracteres de presunto delito de homicidio».

El procedimiento judicial se deriva de la querella presentada por la hija de la fallecida a través de a plataforma Marea de Residencias, que agrupa a familiares de víctimas del COVID-19 en residencias madrileñas. Dicha querella de Marea de Residencias va dirigida contra los directores de las distintas residencias y contra el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, y contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La plataforma denunciante quiere que la Justicia investigue todos aquellos protocolos de actuación que se siguieron en las residencias madrileñas durante la primera ola de la pandemia, así como los criterios de derivación a los hospitales que se siguieron.

Reabierta la causa contra Ayuso y Escudero por homicidio y lesiones imprudentes en cuatro residencias

Ya el pasado mes de noviembre la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid estimó parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra el auto de inadmisión a trámite formulado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Leganés con relación a la querella presentada por Marea de Residencias por la supuesta comisión de los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro, trato degradante y prevaricación, cometidos presuntamente en cuatro residencias de ancianos de la citada localidad madrileña durante la pandemia de COVID-19.

Familiares de personas mayores en residencias, agrupados en la Marea de Residencias, presentaron el pasado lunes, 11 de mayo, una querella criminal colectiva con 26 querellantes en los Juzgados de Plaza de Castilla contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y 10 directores de residencias privadas, concertadas, de gestion indirecta y públicas de Madrid.

La querella se había presentado después de recabar durante semanas el testimonio de decenas de familiares y trabajadores. En las próximas semanas se presentarán otras dos querellas colectivas en diferentes juzgados de la Comunidad de Madrid correspondientes a familiares y trabajadores de residendas de municipios del resto de la región.

Las primeras residencias contra cuyos directores se querellaron los familiares agrupados en la Marea de Residencias son DomusVi-Mirasierra. Aralia-Ensanche de Vallecas, DomusVi-Usera, Aralia-Isabel La Católica, Ballesol Pasillo Verde, Ballesol Mirasierra, Gran Residencia, Centro Integrado Municipal, Margarita Retuerto, Manoteras y AMAVIR-Ciudad Líneal.

La querella pedía que la presidenta de la Comunidad de Madrid, el consejero de Sanidad y los directores de las residencias citadas sean investigados por los presuntos delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio.

Respecto a la responsabilidad penal de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la querella dice que «la crisis provocada por el COVID-19, que ha terminado convirtiéndose en una pandemia, que tuvo sus primeras manifestaciones a mediados de febrero del 2020 en el Estado español, aunque ya había conocimiento del mismo por los casos que se habían producido fundamentalmente en China y en Italia entre otros países, no fue abordada por la Comunidad de Madrid que tiene plenas competencias, como indicaremos más adelante, en sanidad y en el control de las residencias de personas mayores».

La demanda continúa con textos como «en la Comunidad de Madrid existen 475 residencias con unos 50.000 residentes, de las cuales solo 25 son totalmente públicas, el resto son o privadas totalmente o concertadas, pero con propietarios de las mismas privados que a veces son fondos de inversión opacos».

«En la Comunidad de Madrid, los fallecidos en residencias al momento de redactar esta querella a principios de mayo ascienden a 7.092, 5.688 por coronavirus, que representan casi el 50% de los fallecidos en residencias en todo el país, cifra muy alarmante teniendo en cuenta, por ejemplo, que en toda Francia en residencias de mayores han fallecido 7.000 ancianos y en Italia 7.200 en total (cifras a finales de abril)», añade la querella.

Se expone también que «el 26 de marzo se publica por el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, los datos desagregados de todas las residencias. En dichos datos, el porcentaje de fallecidos en residencias totalmente públicas es del 1,63% y de las residencias privadas un 2,18%. En las trece residencias privadas intervenidas, los fallecidos superan el 10% del total de fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid».

La Marea de Residencias está formada, explican, por «un colectivo de residentes, trabajadores, familiares: personas, que por encima de cualquier posible vinculación partidista o asociativa, se unen para reflexionar, visibilizar y luchar contra los acuciantes problemas que todos los días ocurren en las residencias de mayores, de diversidad funcional y en el trabajo de la atención domiciliaria, debido en primer lugar a que nunca debió permitirse el negocio a costa de los más vulnerables».

Foto: Comunidad de Madrid.

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