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El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, entre los distritos madrileños de Latina y Carabanchel, ha reabierto esta semana sus puertas con la llegada el pasado 6 de octubre de 46 inmigrantes argelinos, medio año después de su cierre, en el mes de abril, cuando el Ministerio del Interior dio órden de poner en libertad a los internos de todos los CIEs de España.
Ahora, algunos de los 46 argelinos internos han iniciado una huelga de hambre para reclamar su libertad, tal y como ha informado la plataforma CIEs No Madrid en un comunicado. Según exponen, miembros de la plataforma CIEs No Madrid realizaron visitas a los internos, que les relataron que «no se les está suministrando el preceptivo material de protección e higiene (solo tienen una mascarilla quirúrgica que les entregaron tras ser detenidos en Palma de Mallorca), que únicamente disponen de la ropa que llevan puesta y que no pueden comunicarse con el exterior al carecer de tarjetas telefónicas españolas y WiFi».
Durante el transcurso de las visitas, «también hemos podido comprobar que persisten las deficiencias estructurales y de funcionamiento del centro que someten a las personas encerradas en el CIE a unas condiciones de vida indignas y que, además hacen materialmente imposible la adaptación del centro a la implementación de las medidas de seguridad para la salud derivadas contexto actual de pandemia».
Por todo ello, desde la Plataforma CIEs No Madrid condenan «rotundamente la cerrazón institucional que insiste en el internamiento de personas en CIE en una coyuntura sanitaria crítica como la actual, contraviniendo todas las recomendaciones de salud pública a nivel nacional e internacional y poniendo en grave riesgo tanto la salud de las personas internas como del personal y las visitas».
«Apoyamos la iniciativa no violenta de las personas internas al ponerse en huelga de hambre como única opción para reclamar su libertad y demandamos que se realicen los oportunos controles sanitarios derivados de la misma», inciden.
Finalmente exigen «la inmediata puesta en libertad de todas las personas internas en el CIE de Aluche y en los demás CIE del Estado español y su derivación a un recurso humanitario de acogida en el que sus derechos fundamentales puedan ser debidamente garantizados y el cierre definitivo de todos los CIE del territorio nacional y el fin de las deportaciones».
