• Ante la aprobación provisional del proyecto Madrid Nuevo Norte, que tendrá lugar el lunes 29 de julio, Ecologistas en Acción, la FRAVM y la Plataforma Zona Norte reiteran su oposición a este “atentado urbanístico que persigue ante todo asegurar al BBVA un negocio especulativo”
  • «El Ayuntamiento de Madrid no ha tenido en cuenta ni contestado siquiera a las 3.500 alegaciones que se presentaron el pasado mes de diciembre», han denunciado.
  • Los colectivos vecinales y ecologistas seguirán oponiéndose con movilización social, denuncia pública y ante los tribunales a una operación que consideran «profundamente lesiva para el interés general».

Ante la inminente Aprobación Provisional de la Modificación Puntual del Plan General de Madrid en el ámbito correspondiente a Madrid Nuevo Norte (Operación Chamartín), por parte del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, la FRAVM, Ecologistas en Acción y la Plataforma Zona Norte, que agrupa a la mayoría de asociaciones vecinales del ámbito afectado, reiteran su rechazo a esta operación, por «constituir un atentado urbanístico que persigue ante todo asegurarle un negocio especulativo al BBVA a costa del bien común, y que contraviene todos los principios de sostenibilidad, inclusión, uso social de los bienes públicos y transparencia en la transformación de la ciudad».

El próximo lunes tendrá lugar el Pleno municipal en el que previsiblemente se aprobará la operación. A las 11:00 representantes de estas tres entidades atenderán a los medios de comunicación en el acceso al Consistorio de la calle de Montalbán.

Los argumentos de estas organizaciones para oponerse al plan urbanístico no son nuevos, y en buena medida se encuentran recogidos en las casi 3.500 alegaciones que se presentaron en diciembre de 2018 y que, lamentablemente, el Consistorio ni siquiera ha contestado:

Es una propuesta medioambientalmente insostenible

Establece una desmedida edificabilidad, sobre todo en uso terciario para oficinas (equivalente a unas 20 torres del tamaño de las ‘5 torres’ en la prolongación de La Castellana), que producirá unos fuertes impactos medioambientales en toda la ciudad y el espacio metropolitano.

No contempla el necesario corredor natural norte-sur para conectar la ciudad con el monte de El Pardo, y propone levantar su principal zona verde sobre una losa de hormigón.

Requiere la destrucción de infraestructuras y tejidos industriales en uso, siguiendo un modelo de hacer ciudad irracional e ineficiente.

Atenta contra la equidad social y el equilibrio territorial

A pesar de la gran oportunidad que supone el que la mayor parte del suelo (más del 70%) sea público, no se contempla la construcción de vivienda pública en régimen de alquiler -que es una máxima prioridad social-, sino únicamente una parte de vivienda protegida que no resulta asequible para las franjas sociales más desposeídas, en particular los y las jóvenes.

En lugar de utilizar la abundancia de suelo disponible para reequipar los barrios adyacentes, algunos de ellos con serias carencias dotacionales (San Cristóbal, Fuencarral, Begoña…), cumple ramplonamente los estándares legales.

Desde una perspectiva metropolitana, viene a profundizar o agravar los profundos desequilibrios territoriales existentes, que se resumen resumibles en un arco norte-noroeste de rentas medias-altas y concentración de actividades económicas y empleo de calidad; frente a un arco sur-sureste de barrios dormitorio y carencia de empleos.

Supone malbaratar bienes públicos estratégicos

Debido al nefasto modelo de gestión puesto en pie por RENFE-ADIF, lo que se inició en 1994 como una actuación destinada a la remodelación del nodo ferroviario de Chamartín y a la compleción de esta cuña de la ciudad, ha constituido de facto un instrumento especulativo para la sociedad concesionaria. A través de una sucesión de mejoras en las condiciones de concesión, y de la retención pasiva de los suelos, 26 años más tarde no solo no se ha conseguido ninguno de los objetivos, sino que ahora la sociedad concesionaria va a recibir unos activos públicos a menos de la mitad de su precio de mercado, con el consiguiente quebranto de la hacienda pública.

Todo ello hubiera sido fácilmente remediado con la no renovación de la concesión que vencía a finales del pasado año, opción descartada por el Gobierno sin justificación alguna.

El carácter lesivo de la operación para el interés general se demuestra por su recalcitrante opacidad, solo vencida parcialmente por la insistencia de la sociedad civil ante los tribunales, que ha obligado a RENFE-ADIF a publicar recientemente parte de la documentación ocultada sobre la Operación Chamartín a lo largo de los años, comprobándose así la existencia de informes internos muy negativos respecto al desempeño de la concesionaria -DUCH/DCN-, incomprensiblemente ignorados por los responsables de dicho organismo público.

Además, siendo el principal objetivo real de esta operación la revalorización del suelo, y dada la ausencia de demanda para la disparatada cantidad de oferta terciaria prevista, nos enfrentamos a decenas de años con unos suelos expectantes sin uso o función social alguna, y con las fantasías anunciadas de inversiones y creación de empleo sonando a música celestial.

Plantea numerosas incertidumbres técnicas y financieras

La Declaración Ambiental Estratégica emitida por la Comunidad de Madrid en el mes de mayo pasado sobre este mismo expediente establece una abundante cantidad de reparos y condiciones que ni se han respondido ni mucho menos corregido por parte del Ayuntamiento.

Hay que tener en cuenta que esas observaciones, que afectan tanto al diseño como a los costes, cuestionan la viabilidad misma de una operación que, al estar pilotada por una sociedad privada cuyo interés es esencialmente lucrativo, ofrece un enorme margen de incertidumbre, sobre todo en términos de cargas ocultas a afrontar por las administraciones públicas.

La resistencia social contra MNN no ha hecho más que empezar

Por todo ello, las organizaciones firmantes nos opusimos en su día a esta propuesta urbanística ante la anterior corporación municipal, presentando, al igual que muchas otras personas y colectivos, alegaciones a su Aprobación Inicial, que como hemos citado alcanzaron una cifra récord de casi 3.500.

Ahora, ante su Aprobación Provisional, reafirmamos nuestro firme compromiso de seguir oponiéndonos en el futuro con todos los medios legales, con movilización social, denuncia pública y ante los tribunales, a lo que consideramos una grave agresión contra nuestra ciudad.

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