Móstoles se adhiere a la ‘Red de Ciudades Libres del Tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución’

Gacetín Madrid
  • El Pleno ordinario del Ayuntamiento correspondiente al mes de marzo formuló una Declaración Institucional que proclama la necesidad de abolir esta forma de explotación.
  • El Ayuntamiento diseñará una campaña para sensibilizar y convencer a la población de que la prostitución es igual a violencia de género y explotación sexual de las mujeres y prohibirá la publicidad en sus calles.
  • Móstoles insta a las administraciones Central y Autonómica a perseguir el tráfico de mujeres y personas, y a los proxenetas que «están campando por sus fueros».

El Pleno del Ayuntamiento de Móstoles formuló una Declaración Institucional, es decir, apoyada por todos los grupos políticos que forman parte del Consistorio, mediante la que el municipio se adhiere a la Red de Ciudades Libres del Tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución.

La moción afirma que «la prostitución es una forma de explotación que debe ser abolida, y no una profesión que hay que reglamentar, puesto que se trata de violencia de género extrema». «Lo que las mujeres prostituidas y hombres tienen que soportar equivale a lo que en otros contextos correspondería a la definición aceptada de abuso sexual y violación reiterada», señala.

Regular la prostitución, entiende el Ayuntamiento de Móstoles, «legitima implícitamente las relaciones patriarcales: equivale a aceptar un modelo de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, establecer y organizar un sistema de subordinación y dominación de las mujeres, anulando la labor de varios decenios para mejorar la lucha por la igualdad».

De este modo, el Consistorio se adhiere a la Red de Ciudades libres del tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución y se compromete a diseñar una campaña periódica para sensibilizar y convencer a la población de que la prostitución es igual a violencia de género y explotación sexual de las mujeres, visibilizando al denominado eufemísticamente «cliente», siempre en el anonimato y justificado socialmente, buscando deslegitimar social y públicamente a los prostituidores, protagonistas, actores responsables y cómplices activos en esta forma de violencia de género.

Perseguir a los proxenetas y prostituidores

El Ayuntamiento exige además al Gobierno Central y a la Comunidad Autónoma que se aplique realmente la ley, «persiguiendo el tráfico de mujeres y personas, y a los proxenetas que están campando por sus fueros en los clubes y burdeles de carretera que todo el mundo conoce».

En colaboración con la Administración Central y Autonómica el Ayuntamiento de Móstoles pretende centrar la acción en la erradicación de la demanda, a través de la denuncia, persecución y penalización del prostituidor (cliente) y del proxeneta, exigiendo al Gobierno Central que establezca de forma urgente una normativa que penalice, como en Suecia, a los hombres que compran a mujeres con fines de comercio sexual, con penas de cárcel de hasta 6 meses y multa.

En ningún caso se dirigirá la acción contra las mujeres prostituidas, ni se pretende su penalización o sanción, sino que, al contrario, en colaboración con la Administración Central y Autonómica, el Ayuntamiento destinará fondos para servicios sociales integrales que sean dirigidos a cualquier prostituta que desee dejar esa ocupación, ayudando a las mujeres que abandonen la prostitución.

El Ayuntamiento apuesta, asimismo, por una intervención preventiva de las causas frente a la represora de las consecuencias, exigiendo al gobierno y a las administraciones centrales y autonómicas erradicar la precariedad del mercado laboral y las condiciones de explotación que en él se viven, que provocan el que la prostitución sea a veces la única alternativa para poder pagar las deudas o mantener a la familia.

«En vez de beneficiarse de los impuestos recaudados de la industria del sexo, exigiremos al gobierno», señala, «que embargue sus bienes y los invierta en el futuro de las mujeres que están en la prostitución».

Móstoles pide, además, que se impida a los medios de comunicación lucrarse con la explotación sexual de las mujeres ofertando servicios sexuales en anuncios o publicidad, y prohibirá la publicidad por cualquier medio en las calles de la ciudad.

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