Gabilondo denuncia pérdidas de más de 98 millones de euros tras la venta de viviendas del IVIMA a fondos buitre

Ángel Gabilondo ha preguntado a Garrido sobre las consecuencias de la sentencia que anula la venta de viviendas públicas a un fondo de inversión.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista (PSOE), Ángel Gabilondo, ha preguntado hoy a Ángel Garrido, en la Sesión de Control al Gobierno en la Asamblea de Madrid, por las consecuencias que va a tener para la Comunidad la sentencia que anula el acuerdo de mediados de 2013 por el cual el Gobierno vendió 2.935 viviendas del IVIMA a fondos de inversión.

“Según el informe de fiscalización del año 2013 de la Cámara de Cuentas, la venta de estas viviendas ha dado lugar a la contabilización como pérdidas de más de 98 millones. Para la Comunidad ha sido una mala operación. Con ella, no parece perseguirse la inclusión social para personas con menos recursos sino solo el lucro, mercantilizando la vivienda social. Hay una suerte de desprotección y desamparo», ha denunciado.

Para Gabilondo, «es cuestión de restablecer los derechos de las familias que vivieron la venta y el acoso posterior de los fondos de inversión. Pero, la única respuesta del Gobierno ha sido recurrir el fallo judicial, lo que significa seguir defendiendo que la operación fue legal. El recurso contraviene la enmienda que nuestro Grupo hizo a la Ley 9/2017 para incluir que no se puedan realizar operaciones de este tipo.

«Y recurrir es no sentirse comprometido ni concernido con esos motivos, ni con esa Ley. Su Grupo, con apoyo de Ciudadanos, ha rechazado en esta Cámara reincorporar con apoyo público las viviendas enajenadas, centrándose exclusivamente en los costes económicos, única razón de ser de su conciencia social. ¿Y el sufrimiento generado? ”, dijo Gabilondo.

“Señor presidente -subrayó el portavoz socialista- el fallo constata que no se sostiene el argumento de que esas viviendas con función social no eran necesarias y que la enajenación masiva no pasó por ningún Consejo de Administración de la empresa pública. El auto del Juzgado explica que dicha adjudicación no se ajustó a derecho y no se justificó en base a ningún informe técnico, económico, financiero ni legal. ¿Usted cree que sí?”

“Solo con sus declaraciones de que aquella operación ´no fue un acierto´ y con su compromiso de que ´no se va a vender jamás a fondos de inversión vivienda pública´ no nos está indicando el camino de qué política de vivienda pública defiende usted en este asunto. Señalar que esto pasó hace tiempo tampoco resuelve, y su obligación es comprometerse con las personas perjudicadas por aquella decisión política, mediante otra decisión política», expuso.

«La estrategia de judicializar, recurrir y dilatar ya se ha demostrado inútil para atender estas necesidades. ¿Dónde está el interés público en recurrir cuando la sentencia habla de una venta injusta para los intereses de los ciudadanos?, ¿o es que solo había un interés lucrativo y económico en esta operación y ustedes siguen pensando en términos similares? ¿Ve alguna puerta para que las viviendas vuelvan a ser públicas?”, señaló Ángel Gabilondo

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