La Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid, celebra este miércoles, día 9 de mayo, a partir de las 10:00 horas, la vista oral del juicio contra Juan Manuel G. M. y José V. P. por la supuesta comisión de un delito continuado de coacciones y un delito de falsedad en documento público.

El representante del Ministerio Público solicita una pena de seis años de prisión para Juan Manuel, que cuando ocurrieron los hechos era Jefe de la Policía Local de Galapagar, y actualmente es jefe de la Policía Municipal en Madrid Centro Sur, por la comisión de los dos tipos penales, y de cuatro años de privación de libertad para José por el delito de falsedad documental.

El Fiscal escribe en su informe de calificación penal que Juan Manuel G. y José V., el primero de ellos en su condición de Jefe de la Policía Local de Galapagar (Madrid) y el segundo como Jefe de Servicio del mismo cuerpo, organizaron a finales de diciembre de 2012 un dispositivo con objeto de evitar que se celebrara una supuesta macrofiesta de Nochevieja ilegal que tendría lugar en la Finca ‘Villasolita’, en el mismo municipio.

Por ese motivo, el día 1 de enero de 2013 José se personó junto con otros agentes en el referido local, y como quiera que no observaron la celebración de fiesta alguna, se trasladaron a una finca a unos 400 metros del lugar inicial. Una vez allí, el acusado, siguiendo las instrucciones de su superior, Juan Manuel G., redactó un acta de inspección en materia de espectáculos públicos, así como un acta de denuncia por la realización de una fiesta ilegal.

Dichas actas habían sido traídas a propósito por José y en ellas hizo constar hechos a sabiendas de no ser concordantes con la realidad, tales como que en la finca había menores consumiendo alcohol. José instó al resto de los agentes que le acompañaban en el dispositivo a que firmaran dichas actas fraudulentas, pero éstos se negaron pese a la presión ejercida sobre ellos.

Ante la negativa de los uniformados, Juan Manuel mantuvo conversaciones con todos ellos a fin de amedrentarles pero, a pesar de su insistencia, no logró su propósito. No obstante, no se dio por vencido y, en su condición de Jefe de la Policía Local, el acusado acordó la incoación de expedientes disciplinarios contra los agentes y les advirtió de las graves consecuencias laborales que les podría acarrear su conducta.

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