(En la imagen, el portavoz nacional de UPYD, Gorka Maneiro, y la responsable de Organización, Ana Rosa Quintana, posan con representantes de la ‘Plataforma Garanticemos las Pensiones’ y de la ‘Asociación de Jubilaciones sin Penalizar’)
El gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado en el Consejo de Ministros un decreto ley que establece una subida de las pensiones públicas del 0,25 por ciento, lo que supone el incremento mínimo anual garantizado por ley.
Subida que Unión Progreso y Democracia tacha de “alarmantemente insuficiente”. En su lugar, propone que se incrementen las pensiones en la misma proporción que la inflación prevista para 2017 (es decir, un 1,20 por ciento). “Nos tendrán enfrente quienes pretendan debilitar el sistema o no fortalecerlo como los pensionistas merecen: de bien nacidos es ser agradecidos”, advierte Gorka Maneiro, portavoz nacional de UPYD.
UPyD propugna «una política de reformas en el sistema de pensiones que garantice su sostenibilidad a la vez que mantenga un nivel de pensiones digno». «Lo primero requiere el cumplimiento de una restricción presupuestaria, en forma de factor de sostenibilidad, que garantice que existen recursos suficientes para dotar las pensiones. Lo segundo, que se permita un mayor gasto en pensiones en términos del PIB a medida que la población envejece, hasta converger en gasto con los valores europeos (que hoy superan en 3 puntos del PIB a España), de forma que la evolución de las pensiones no se descuelgue de la del salario medio», explican desde UPyD.
Para la formación magenta, «los recursos adicionales necesarios han de lograrse recurriendo a los ingresos del sistema impositivo, pues las cotizaciones sociales ya son altas y desincentivan el empleo. Para compensar el aumento de la esperanza de vida, se deberían aplicar medidas como el alargamiento voluntario e incentivado de la vida laboral por encima de la edad legal de jubilación. Las aportaciones complementarias a sistemas de ahorro privado destinado a la jubilación deben facilitarse». UPyD defiende «que se exija a los diputados, los senadores y el resto de cargos públicos idénticas condiciones a las de cualquier ciudadano para el cálculo de las pensiones de jubilación. Hay pensiones concretas, como las de viudedad y orfandad, que presentan notorias insuficiencias que han de ser corregidas».
Por otra parte, los magentas proponen que «las empresas que recurran a prejubilaciones tengan que hacer frente plenamente al incremento del gasto público que provocan esas prácticas. Con ello se facilitaría otro objetivo que deben perseguir las reformas: el acercamiento de la edad real de jubilación a la edad legal».
“España se enfrenta a los corruptos, los falsos regeneradores y una oposición nefasta y sin ideas. Desde UPYD nos comprometemos a proteger a los pensionistas, más de 9 millones de españoles, ante las amenazas de los recortadores sociales. Nuestro compromiso es absoluto y es una de nuestras principales banderas“, sentencia Maneiro.
