La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), tras mostrar todo su apoyo a la afectada, demanda a la empresa Fidere, filial del fondo de inversión Blackstone, que rectifique y renueve el contrato de alquiler de Arancha Mejías, presidenta de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la EMVS. Mejías reside en uno de los pisos de alquiler de la calle Jacobeo, en el Ensanche de Carabanchel, que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) vendió a Blackstone durante la etapa de Ana Botella (PP) en el Ayuntamiento. A diferencia del resto de sus vecinos y vecinas, a los que Fidere ha renovado su contrato de alquiler después de 10 años, la joven ha recibido una misiva de la compañía comunicándole que debe abandonar su vivienda el próximo 6 de octubre.
Mejías carece de deudas con la entidad arrendadora, nunca ha tenido relación con actividades delictivas ni ha ocasionado problemas de convivencia en el vecindario, por lo que todo apunta a que Fidere ha usado el fin de su contrato para «vengarse por las denuncias públicas de su inquilina». Arancha es la cara más visible de los damnificados por la enajenación de los pisos de la EMVS, como se pudo ver en las audiencias públicas de la Comisión Municipal que investiga esta operación de la época del PP.
La FRAVM entiende que «Fidere carece de motivos objetivos para expulsar a su inquilina» y considera «inadmisible que lo haga por no compartir sus posiciones, como represalia a su actitud de denuncia y de solidaridad con los afectados por la venta de las viviendas públicas». La empresa tiene margen para rectificar, por lo que la entidad ciudadana pide que lo haga cuanto antes para garantizar que Arancha y su familia continúen en su actual vivienda y en su barrio, como es su deseo.
Hechos como el anunciado desahucio de Mejías demuestran que «eran falsas las promesas realizadas por los gobernantes del PP de que los inquilinos no verían modificadas sus condiciones con el cambio de propiedad de sus hogares. De hecho, estas son hoy mucho más duras y el precio del alquiler, más caro. Cosas que suceden cuando la vivienda deja de estar regulada y pasa de ser considerada un derecho que ha de ser garantizado a un mero elemento de negocio e intercambio».
La FRAVM espera que «pronto se esclarezcan todas las presuntas irregularidades» de la operación por la que el Consistorio de la capital vendió en 2013 al fondo buitre Blackstone 1.860 pisos protegidos y «que paguen sus responsables».
