Desempleo e inmigración

por Aida dos Santos

La economía sumergida es el puente hacia la regularización, la subsistencia de estos inmigrantes, y de eso en España tenemos bastante.

La persistencia del desempleo estructural, estudiada desde el perfil de los parados se puede explicar por la baja intensidad en la búsqueda de empleo que experimentan, que a su vez se debe a que no tienen cargas familiares, y a que con el subsidio se pueden seguir manteniendo, por lo que no se preocupan por formarse y prepararse para el nuevo panorama productivo (a pesar de que el 40% de los desempleados antes de la recesión no poseían estudios secundarios ni experiencia previa).

Pero aunque Gemma García Brosa y Esteve Sanromà hablen de que los desempleados eran jóvenes sin cargas, las estadísticas actuales perfilan a estos parados de larga duración como mayores de 45 años.

Este grupo, el de seniors tiene una muy baja movilidad geográfica y de sector, que la población inmigrante si tiene. Por lo que la inmigración fue clave para paliar las escaseces relativas de mano de obra tanto en territorios como en sectores, muchas veces, aceptando trabajos por debajo de su titulación.

El perfil de los extranjeros residentes en España en lo que respecta a su procedencia, si comparamos entre el año 1996, 2000 y 2006, observamos el predominio de algunas nacionalidades latinoamericanas y del Norte de África, más jóvenes en relación a la población española, y con un nivel de estudios similar al de los españoles.

Es importantísimo referirnos a la elevada capacidad de creación de empleo que ha caracterizado la actividad económica en España desde mediados de los años 90, lo que provocó un efecto llamada para la inmigración. Los inmigrantes llegaron a España a cubrir puestos de trabajo poco cualificados, cuya demanda creció desde mediados de los 80 a la vez que aumentó la formación de la población española. Estos puestos de trabajo de los inmigrantes se caracterizaban por las “tres P”: penosos, peligrosos y precarios.

Una de las causas que apuntan a como fue posible que estos trabajadores, más de cuatro millones, encontraran empleo, mientras dos millones de autóctonos continuaba desempleados, apunta a lo que acabamos de observar, que los nacionales no aceptan estas penosas, peligrosas y precarias condiciones de trabajo, que exigía el tejido empresarial español para ser productivo. La compatibilidad de la creación de empleo que fue ocupado por población inmigrante y una tasa de paro tal, se explica por la segmentación del mercado de trabajo derivada del incremento de las expectativas de la población española, muchas actividades económicas han sobrevivido gracias al uso de mano de obra inmigrante (Moreno y Bruquete, 2011: 44).

Los estudios disponibles señala que este colectivo de trabajadores se emplearon en sectores diferentes a los que empleaban a españoles, por lo que sus efectos en los salarios fueron muy reducidos, a pesar de la creencia popular, tan solo se aprecia una ligera reducción de la tasa de empleo y un leve incremento en su tasa de paro, siempre mayor para el colectivo femenino y de baja cualificación.

La inmigración contribuyó a la moderación salarial, aceptando empleos de baja remuneración salarial, ya fuese porque se encontraban en situación irregular o porque trabajaban en empresas fuera de la red protectora de los convenios colectivos de sector.

Los pactos sociales que se inician en 1977 inauguran un sistema de negociación colectiva a medida de las grandes empresas, y me atrevería a decir que con un perfil industrial, y se han olvidado de los aspectos de cada sector, homogeneizando los contratos y obligando a muchas PYMES a no ser competitivas y a pagar salarios por encima de la productividad, ya que a mi juicio los convenios colectivos de sector están diseñados para producciones a escala.

Otra cuestión importante es la rigidez de los salarios en España, ha provocado una situación esquizofrénica durante la crisis, que se suban los salarios a la vez que se destruye empleo.

Estas subidas salariales son el resultado de convenios colectivos sectoriales firmados en fases expansivas y que con la legislación hasta 2012, se prorrogaban hasta llegar a un nuevo acuerdo, por lo que los sindicatos tenían un punto de partida de subida salarial que no podría mantenerse en una nueva negociación en el contexto de recesión, así que se prorrogaba la subida salarial aunque para ello se produjesen despidos, que por otra parte, oscilaban entre los 33 y los 45 días de indemnización.

Desde la bancada neoliberal se denuncia que el coste por despido es demasiado elevado, Toharia y Fina (1987: 44) aseguran que si los costes de despido son significativos, las empresas deberían estar incentivadas a la búsqueda de nuevos mercados para ahorrarse ese coste estéril en la empresa. Pero queda claro que costes de empleo altos no han hecho que dejaran de destruirse 4 millones de empleos, a la vez que retrasan los ajustes de empleo porque bajo la amenaza de ese futuro coste no asumen el riesgo de contratar de forma indefinida.

Tras la Reforma Laboral de 2012, los convenios colectivos sectoriales ya no priman sobre los de empresa, por lo que se pueden adecuar mucho mejor a la situación atomizada de las PYMES, y las características particulares de cada una de ellas, y en caso de denuncia el convenio, si no se negocia uno nuevo en el plazo de un año, este es sustituido por uno superior, o por el Estatuto de los Trabajadores, simplemente, por lo que los sindicatos tienen ahora un incentivo muy importante para firmar nuevos convenios colectivos.

En definitiva, pese al elevado desempleo, los costes laborales reales por trabajador aumentaron un 1,5% anual entre 2008 y 2001, mientras, por otro lado, la moderación salarial que provocó la llegada de inmigrantes a España supuso una reducción del paro estructural en casi dos puntos entre 1996 y 2005.

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