El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sido denunciado por no trasladar al órgano judicial correspondiente la presunta estafa de varios millones de euros en el caso del «pelotazo» de las mascarillas que afecta al Ayuntamiento de la capital y que actualmente investiga el juez Alfonso Carretero tras la querella de la Fiscalía Anticorrupción, en la que estarían implicados Alberto Luceño y Luis Medina.
La demanda ha sido presentada por el conocido letrado Fernando Pamos de la Hoz, quien entiende que Almeida, en su calidad de funcionario y autoridad, debería haber llevado los hechos ante los juzgados. En caso de no hacerlo habría incurrido en un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos, lo que viene reflejado en el artículo 408 del Código Penal español.
El abogado expone que «el hecho de que hubiere diligencias de investigación por el Ministerio Público no supone iniciación del procedimiento penal como tal, y no eximía de denunciar los mismos por el Ayuntamiento de Madrid» e incide en que, según consta en el sumario de la causa, desde el Consistorio ya sabían anteriormente de la investigación de la presunta estafa dado que «fueron adquiridos guantes con un sobreprecio obsceno e inútiles para la labor que se requería (y se exigió la devolución) y que los test, con un precio desorbitante, fueron igualmente desechados por su nula eficacia».
Por todo ello, el abogado Fernando Pamos de la Hoz reclama que se admit a trámite la denuncia que presenta y que se proceda a citar como investigado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con presencia de la Fiscalía, para que declare sobre los hechos relatados.
El caso investigado
El juez Alfonso Carretero se encuentra actualmente investigando la querella de la Fiscalía Anticorrupción que acusa a Alberto Luceño y Luis Medina de la presunta comisión de delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales ya que, «actuando de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico, ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China».
Dichos ofrecimientos desembocaron en diversas operaciones que costaron al Ayuntamiento de Madrid casi 11 millones de euros, obteniendo con ello «un millón de mascarillas que, a pesar de ser de buena calidad, el vendedor habría estado dispuesto a vender por un precio muy inferior al pagado; concretamente, el 40% de lo que el Ayuntamiento pagó por ellas».
También se recibieron 250.000 test de autodiagnóstico del coronavirus, de los que 60.000 eran inservibles dado su bajo nivel de sensibilidad, de apenas el 66,7%, mientras que hasta 115.000 eran de «dudosa eficacia» por tener una sensibilidad del 80%.
Finalmente se consiguieron 2,5 millones de pares de guantes sanitarios, de calidad «muy inferior y características distintas a las que se le habían ofrecido, y por los que este pagó aproximadamente el cuádruple del precio que tenían ese tipo de guantes en un supermercado de Madrid en esas mismas fechas».
«Como contrapartida, Alberto Luceño recibió en concepto de comisiones un total de 4,6 millones de euros, mediante transferencias remitidas desde Malasia a una cuenta personal», concluye la querella de la Fiscalía Anticorrupción.
