La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha protagonizado este jueves una tensa sesión de control en la Asamblea de Madrid. Durante sus respuestas a los grupos parlamentarios de la oposición y a Vox, la dirigente autonómica ha cuestionado la gestión migratoria del Gobierno de España, asegurando que la medida de regularización masiva busca «atascar los servicios públicos» de la región para generar un «daño gratuito» y promover la inseguridad.
Ayuso ha vinculado la celeridad de esta medida con un intento del Ejecutivo central de «quemar las naves» ante un posible fin de ciclo político. Según la presidenta madrileña, la actual política migratoria está fomentando una red de ilegalidad que beneficia a mafias y gestores falsos que cobran por trámites gratuitos y fabrican documentación fraudulenta.
Críticas al PSOE y mención a Salvador Illa
La presidenta madrileña también ha dirigido sus críticas hacia el Partido Socialista, cuestionando la coherencia de su discurso. Ayuso ha rescatado declaraciones pasadas de miembros del Gobierno central y ha lanzado una pregunta directa sobre la situación en Cataluña, citando a Salvador Illa.
«¿Qué me dice del señor Illa, que ahora ha decidido que en Cataluña el catalán es un requisito para ser buen o mal catalán? ¿Eso no es racismo, eso no es xenofobia?», ha interpelado Ayuso en el hemiciclo, comparando estas políticas con los reproches de racismo que recibe habitualmente su Gobierno.
Respuesta a Vox: Orden frente a gratuidad
En su turno de respuesta al grupo parlamentario Vox, Ayuso ha querido marcar distancias con la formación de Rocío Monasterio, defendiendo un modelo basado en la «integración y la racionalidad». La presidenta ha negado tajantemente que las personas extranjeras desplacen a los ciudadanos españoles en el acceso a las ayudas públicas, aclarando que en Madrid imperan criterios técnicos de acceso.
“No es lo mismo llevar cuatro meses que 15 años en Madrid”, ha puntualizado, recordando que su Administración exige periodos mínimos de empadronamiento para acceder a prestaciones de vivienda, empleo o plazas en residencias. No obstante, ha subrayado que existen ayudas «ilimitadas» por su naturaleza, como las destinadas a la maternidad, y que no se negará la cobertura sanitaria «absolutamente a nadie».
Finalmente, la presidenta ha reiterado que el recurso de la Comunidad de Madrid admitido por el Tribunal Supremo responde precisamente a la necesidad de frenar el «caos» que, a su juicio, la normativa estatal está generando en la provisión de los servicios públicos madrileños.
