La organización ecologista Greenpeace ha llevado a cabo una acción de protesta a primera hora de esta mañana de viernes, 17 de julio, en el Arco de la Victoria de Moncloa, en Madrid. Varias activistas de la formación han escalado el monumento para desplegar una pancarta de grandes dimensiones con el lema Pedro, cumple tu palabra. Di NO a la nuclear
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El objetivo de la movilización es instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a mantener el calendario pactado y hacer efectivo el cese de la actividad del reactor I de la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres) en noviembre de 2027. La protesta se produce un día después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobara un informe técnico en el que se detallan las inversiones y condiciones de seguridad requeridas en caso de que se decidiera prolongar la vida útil de la planta extremeña.

Dicho documento responde a una solicitud formal presentada por las empresas propietarias de la central —Iberdrola, Endesa y Naturgy—, quienes proponen una extensión operativa de tres años para la instalación. Desde Greenpeace recuerdan que la validez técnica del CSN no es vinculante para la política energética del país, cuya competencia final recae exclusivamente en el Ejecutivo central.

Argumentos ecologistas frente a la prórroga nuclear
La organización conservacionista defiende que posponer el apagón nuclear pactado en 2019 alteraría los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y del 7º Plan General de Residuos Radiactivos. Según Greenpeace, no cerrar Almaraz en la fecha prevista generaría un efecto dominó
que dificultaría el apagado posterior de otros reactores en el año 2030, otorgando mayor capacidad de negociación de mercado a las compañías eléctricas.
Asimismo, la entidad apoya sus reclamaciones en un estudio conjunto elaborado con la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Dicho informe sostiene que el 96,4% de la electricidad que genera la central cacereña podría ser sustituida de forma inmediata por energías renovables. El análisis de la URJC añade que mantener Almaraz tres años adicionales supondría un sobrecoste acumulado de 3.831 millones de euros en la factura eléctrica global hasta 2033 y provocaría la emisión de 12,3 millones de toneladas de CO₂ a medio plazo, al ralentizar la implantación de nuevos proyectos solares y eólicos y consolidar el uso del gas de respaldo.
Rigidez del sistema y residuos radiactivos
Entre los motivos técnicos esgrimidos en la protesta, los ecologistas señalan la rigidez operativa de la energía nuclear, argumentando que Almaraz actúa como un tapón verde
que obliga a descartar unos 3,8 TWh anuales de energía limpia que no puede integrarse en la red eléctrica. También aluden a problemas de estabilidad en el sistema, recordando los 37 sucesos notificados por el parque nuclear español en 2024 y las dificultades de regulación detectadas durante el apagón registrado en el año 2025.
Por último, la campaña de Greenpeace incide en el impacto medioambiental derivado del incremento de los desechos nucleares, estimando que la prórroga de Almaraz sumaría unas 100 toneladas de combustible gastado (equivalente a siete contenedores de residuos de alta actividad). Asimismo, cuestionan el argumento de la soberanía energética, detallando que España depende por completo de la importación de uranio enriquecido, cuyo suministro procede en un 83% de países del entorno de influencia de Rusia, como Kazajistán (66%) y Uzbekistán (11%), entre otros.
