La clausura inesperada de la cadena Lahsen Dental ha dejado desamparados a decenas de pacientes en la Comunidad de Madrid. La compañía operaba a través de cuatro centros situados en la región: dos en Madrid capital, uno en Alcorcón y otro en Torrejón de Ardoz. Los usuarios se han encontrado con los locales cerrados y sus tratamientos odontológicos interrumpidos, a pesar de que muchos de ellos ya habían desembolsado importantes sumas económicas.
El Consejo General de Dentistas ha alertado de la gravedad de la situación, señalando que algunos de los damnificados llegaron a pagar por adelantado cuantías que superan los 10.000 euros por servicios que se han quedado a medias o que, en los casos más extremos, ni siquiera llegaron a dar comienzo. Ante este escenario, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya tramita las primeras reclamaciones, estimando que la cifra total de perjudicados podría superar holgadamente el centenar. De hecho, parte de los afectados ha optado por acudir a la Policía Nacional para interponer denuncias por presunta estafa, mientras que en el municipio de Alcorcón los vecinos han organizado una plataforma vecinal para coordinar acciones legales conjuntas.
Las clínicas figuran a nombre del doctor de origen magrebí Karim Mohamed Lahsen. Según exponen los pacientes, el propietario ha dejado de atender las llamadas telefónicas tras decretarse el cierre. Asimismo, la página web oficial del negocio ha dejado de estar operativa, permaneciendo activo únicamente el perfil corporativo de Instagram, donde se acumulan numerosas quejas. Las críticas se extienden a plataformas médicas como Doctoralia, donde usuarios exponen haber abonado financiaciones íntegras por trabajos que se han quedado sin finalizar tras la marcha del odontólogo.
Los dentistas exigen regular la publicidad sanitaria
Desde el Consejo General de Dentistas se ha hecho hincapié en que un volumen importante de los clientes acudió a Lahsen Dental motivado por promociones televisivas. Su presidente, el doctor Óscar Castro, ha urgido la aprobación de una ley estatal de publicidad sanitaria que ponga freno a los fraudes en el sector, recordando que este suceso se produce apenas tres semanas después del cierre de otros dos centros en Barcelona.
La organización profesional defiende que la salud no puede promocionarse con estrategias comerciales agresivas ni ofertas de consumo masivo. Por ello, solicitan una normativa que prohíba mensajes ambiguos o que generen falsas expectativas, vete los descuentos desproporcionados como reclamo, obligue a fundamentar la publicidad en bases científicas contrastadas y endurezca las inspecciones y sanciones económicas.
Guía de actuación de la OCU para los afectados
Ante la proliferación de cierres imprevistos en clínicas médicas y estéticas privadas en los últimos meses, la OCU ha recordado a los usuarios los pasos fundamentales que deben seguir para defender sus derechos:
- Reunir la documentación: Guardar cualquier papel que demuestre la relación con la clínica, tales como folletos publicitarios, presupuestos, contratos, facturas o justificantes de pago.
- Reclamar formalmente a la empresa: Enviar una queja por escrito exigiendo el cumplimiento del contrato, la entrega del historial clínico y el fin del tratamiento. Si el local está cerrado, se debe dirigir la comunicación al domicilio social que aparezca en el Registro Mercantil o en sus antiguos canales oficiales.
- Acudir a Consumo: Denunciar ante los Servicios de Consumo los perjuicios sufridos, como la pérdida de dinero adelantado o la interrupción del servicio.
- Denunciar mala praxis: Si se considera que ha existido negligencia médica, se debe reclamar ante las Autoridades Sanitarias de la comunidad autónoma. Si hay daños físicos, es clave solicitar un informe a un perito odontólogo o dentista colegiado, informando también al Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la provincia.
- Cancelar la financiación bancaria: Si el tratamiento se pagó con un crédito vinculado, se debe exigir por escrito al servicio de atención al cliente de la financiera la cancelación del préstamo, ya que al no prestarse el servicio, el crédito deja de ser exigible. Si en un mes no hay respuesta satisfactoria, se puede reclamar ante el Banco de España.
En el supuesto de que la compañía entre en concurso de acreedores, los afectados deberán dirigirse al Administrador Concursal que designe el Juzgado. No obstante, la OCU advierte de que la actual legislación sitúa a los consumidores en los últimos puestos de la lista para recuperar su dinero. Por este motivo, la organización solicita una reforma de los procesos concursales para otorgar privilegios de cobro a los usuarios, la puesta en marcha de campañas de inspección más rigurosas y una normativa que garantice los derechos ciudadanos ante ceses de actividad imprevistos.
Foto: Instagram de Clínica dental Lashen.
