Una familia vulnerable compuesta por Dulce, madre de cinco hijos (tres de ellos menores de edad y uno con síndrome de Down), y su hermano Herminio ha sido desalojada este miércoles, 15 de julio, de la vivienda pública en la que residían en el distrito madrileño de Moratalaz.
El inmueble, ubicado en la conocida corrala de «El Ruedo» junto a la autopista M-30, es de titularidad de la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid. La unidad familiar habitaba el piso desde hacía un lustro sin título legal, una situación a la que recurrieron tras reiterados intentos infructuosos por acceder a una vivienda de protección pública por los cauces ordinarios.
La ejecución de este segundo intento de lanzamiento se ha llevado a cabo a pesar del requerimiento expreso del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Dicho organismo de la ONU había solicitado formalmente la paralización de la orden de desahucio hasta que las administraciones garantizaran una alternativa residencial viable, con el objetivo de evitar «daños irreparables» a los tres menores a cargo. El primer intento de desalojo, fechado el pasado 3 de julio de 2026, pudo aplazarse temporalmente gracias a la movilización de numerosos vecinos del barrio que acudieron a dar soporte a la familia. Sin embargo, el pasado jueves recibieron la notificación que fijaba el nuevo requerimiento para este miércoles.
La jornada de tensión en Moratalaz ha contado con la presencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien acudió al lugar mientras se materializaba el desalojo judicial, según informaron fuentes del Sindicato de Inquilinas de Moratalaz. En el plano político local, también se ha desplazado para mostrar su apoyo Cuca Sánchez, concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento. Sánchez ha criticado con dureza la gestión del Partido Popular, acusando a la AVS autonómica y a la EMVS municipal de actuar como «el mayor casero desahuciador de la región» y de priorizar la venta de suelo público a fondos de inversión y promotoras privadas antes que asegurar un alojamiento digno a colectivos vulnerables. La edil ha denunciado asimismo la ausencia de Samur Social en el procedimiento, calificándola de una grave omisión en un desalojo con menores de edad involucrados.
Denuncias por la falta de una alternativa habitacional adecuada
Desde el Sindicato de Inquilinas de Moratalaz han denunciado las trabas burocráticas previas que sufrió la afectada. Según detalla la organización vecinal, durante el embarazo de su hijo menor, la administración municipal le comunicó que no era posible concederle una vivienda pública alegando que los baremos oficiales determinaban que ya no disponía de la capacidad suficiente para dar cabida a una familia de sus dimensiones.
Asimismo, la plataforma social sostiene que la AVS no ha ofrecido una solución de realojo que cumpla con los estándares mínimos de calidad para una situación de esta índole. De acuerdo con sus portavoces, la única opción planteada desde el área de servicios sociales consistió en una habitación de uso compartido en un piso común o el ingreso en un albergue de acogida de carácter temporal; alternativas que consideran del todo inviables y poco adaptadas para sostener la convivencia de una familia completa y cubrir las necesidades específicas de asistencia que requiere el menor con síndrome de Down.
