La Dirección General de Juventud, dependiente de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales del Gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, tiene intención de privatizar la red de albergues juveniles de la región, que incluye los centros de Los Batanes, Las Dehesas, El Escorial y Villa Castora, además de otros servicios de dicha Dirección General.
El sindicato UGT Servicios Públicos Madrid ha manifestado su firme rechazo a esta decisión, argumentando que no existen razones económicas que respalden la privatización. Según la organización sindical, la medida implicará un incremento en el coste del servicio para las arcas públicas, ya que requerirá una licitación para la gestión externa y la reubicación del personal actual en otros puestos de la Administración autonómica.
A juicio de UGT, esta estrategia respondería a una «decisión política» o a una falta de voluntad de los gestores de la Dirección General de Juventud para gestionar su propio personal, delegando esta tarea en una empresa privada sin considerar el impacto presupuestario para los contribuyentes.
Incertidumbre sobre los programas sociales
El sindicato ha expresado su especial preocupación por la continuidad de los programas que se desarrollan actualmente en estos centros, destacando que muchos de ellos están dirigidos a personas con un alto grado de discapacidad. En este sentido, UGT ha señalado que, hasta el momento, no existe información oficial sobre qué sucederá con estas actividades sociales tras el cambio de modelo de gestión.
Medidas y movilizaciones
Ante este escenario, UGT ha solicitado formalmente a la Consejería la paralización inmediata del proceso, al considerarlo carente de justificación. Asimismo, ha reclamado la adopción de medidas contra la persona responsable de la Dirección General de Juventud.
El sindicato ha advertido de que, de no atenderse sus demandas, iniciará un proceso de movilizaciones contra la privatización de la Red de Albergues Juveniles y recurrirá a todas las instancias que considere oportunas para defender la naturaleza pública del servicio.
Foto: Comunidad de Madrid.
