La Policía Nacional ha detenido a once personas que explotaban sexualmente a mujeres en situación económica precaria en tres operaciones diferentes. En uno de los pisos registrados se liberó a una menor que recepcionaba las llamadas de hasta 100 clientes al día manejando cuatro terminales móviles.
Engañaban a las víctimas en su país de origen y estas contraían una deuda de 10.000 euros que debían saldar ejerciendo la prostitución. Se desarticularon dos organizaciones criminales y dos prostíbulos en Madrid, deteniéndose a once personas como presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos, blanqueo de capitales y organización criminal relativos a la prostitución. Dos de los arrestados han ingresado en prisión.
Utilizaban religiones oscuras para coaccionar a las mujeres
La investigación comenzó en octubre de 2025 tras la denuncia de una de las víctimas que manifestó que la habían traído de su país de origen para ejercer la prostitución. Una vez en España comenzó un trato degradante, siendo engañada por una encargada y sometida a condiciones de explotación sexual.
Se tuvo conocimiento que se trataba de una organización criminal con origen en un país extranjero que captaba a sus víctimas en el mismo. Utilizaban personas de confianza para convencer a las mujeres y traerlas a España para ejercer la prostitución en condiciones denigrantes. No podían abandonar libremente el domicilio, tenían normas estrictas y un control permanente.
Controlaban a las mujeres con cámaras de video-vigilancia hablándoles a través de ellas para evitar que durmiesen. Las amenazaban y coaccionaban con santería generando un entorno de vigilancia constante obligándolas a consumir diversas sustancias estupefacientes y a ejercer la prostitución sin protección, contrayendo enfermedades de transmisión sexual con tratamientos médicos de por vida.
Entre las mujeres liberadas se encontraba una menor de 15 años que era explotada y obligada a gestionar citas e informar a los clientes de los precios, formas de pago y servicios sexuales a través de cuatro terminales móviles, pudiendo recepcionar hasta 100 llamadas de clientes al día.
El pasado mes de abril, la investigación culminó con la entrada y registro en dos domicilios de la ciudad de Madrid. Se procedió a la detención de dos personas en esta ciudad y una tercera, en Alicante. Se consiguió liberar a un total de cuatro víctimas.
Imponían un sistema de multas a las víctimas
En otro punto de la ciudad de Madrid se llevó a cabo una entrada y registro que permitió la liberación de otras cuatro víctimas obligadas a ejercer la prostitución. Estas mujeres se vieron abocadas a viajar a España tras ser captadas en el extranjero bajo la promesa de unas condiciones de trabajo muy buenas, a lo que accedieron debido a la precariedad que estaban viviendo en su país de origen.
Cuando llegaban a territorio nacional, la organización les informaba de la deuda de 10.000 euros contraída que tendrían que saldar ejerciendo la prostitución con normas estrictas. Debían trabajar siete días a la semana con un horario marcado por la demanda de los clientes y por un sistema de multas en las que se les imponían cuantías de 100 euros si no acudían a trabajar, aún enfermas, o si llegaban tarde.
No podían negarse a ningún deseo sexual de los clientes, incluso a realizar servicios sin preservativo, llevando a alguna de las mujeres a quedarse embarazadas, utilizando píldoras abortivas posteriormente.
Eran captadas a través de páginas webs eróticas
Otra de las víctimas de otro prostíbulo ubicado en Madrid contactó con los investigadores para denunciar la situación en la que se encontraba. Manifestó como una conocida la incitó a acceder a una página web erótica en la que un varón contactó con ella para ofrecerle un empleo como trabajadora sexual. Le pidió fotos de su cuerpo desnudo y las utilizó en una aplicación de mensajería instantánea que utilizaba con el fin de controlar la agenda de los clientes de las mujeres.
Esta actividad sexual se desarrollaba en tres domicilios durante 12 horas descansando por las noches para no alertar a los vecinos. Si alguna víctima tenía intención de abandonar el negocio, eran coaccionadas y amenazadas con desvelar su identidad y que supieran a que se dedicaban.
Los clientes accedían al domicilio con un código para abrir la puerta y tenían bonos con ofertas que se podían utilizar sin límite de tiempo. Una ardua investigación, llevó a los agentes a realizar tres entradas y registros en dichos domicilios que eran utilizados a modo de prostíbulos. Fueron precintados y se liberaron a tres mujeres, dos de las cuales se encontraban en situación irregular en España.
En total se desarticularon dos organizaciones criminales y dos prostíbulos en Madrid, deteniéndose a once personas como presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos, blanqueo de capitales y organización criminal relativos a la prostitución pasando posteriormente a disposición judicial, decretando el inmediato ingreso en prisión de dos de los integrantes.
