La ministra de Sanidad, Mónica García, ha detallado este miércoles el protocolo de evacuación para los 14 ciudadanos españoles que permanecen a bordo del buque MV Hondius tras detectarse un brote de hantavirus.
Según ha informado la ministra, los pasajeros —que actualmente se encuentran asintomáticos— serán examinados a su llegada a Canarias y, posteriormente, trasladados en un avión militar a la base de Torrejón de Ardoz, para ser ingresados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, situado entre los distritos madrileños de Latina y Carabanchel.
Confirmación de la variante y riesgo clínico
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado un octavo caso positivo en este brote, correspondiente a un ciudadano suizo que ya recibe tratamiento en Zúrich. El organismo internacional ha alertado de que la causante de las infecciones es la cepa de los Andes, una variante predominante en el cono sur de América que tiene la particularidad de ser transmisible entre humanos.
Esta variante puede derivar en el síndrome pulmonar por hantavirus, una patología grave que eleva el riesgo de mortalidad hasta casi el 40%. Por otro lado, la OMS ha informado del traslado a Países Bajos de tres pasajeros sospechosos, incluyendo al médico que inicialmente iba a ser derivado a las islas Canarias.
Conflicto institucional entre Madrid y el Ministerio
La gestión de esta crisis sanitaria ha provocado un cruce de acusaciones entre administraciones. La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha denunciado este miércoles una «absoluta ausencia de información» y falta de «rigor técnico» por parte del Ministerio de Sanidad.
Matute ha criticado que la administración regional esté conociendo los detalles de la situación «gracias a que activamente» están preguntando en la ponencia de alertas, y no a través de una comunicación fluida por parte de la ministra o del director general de Salud Pública, Pedro Gullón. «A fecha actual no han dado la cara», ha lamentado la consejera madrileña, subrayando la importancia de la transparencia y la coordinación constante con las comunidades autónomas ante una alerta de estas características.
