El Grupo Municipal Socialista (PSOE) ha valorado de forma crítica los últimos datos ofrecidos por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida respecto a la disciplina urbanística en el sector turístico. Según las cifras municipales, el Ayuntamiento de Madrid ha procedido a la clausura de 323 viviendas de uso turístico (VUT) durante el año 2025, un balance que para el concejal socialista Antonio Giraldo supone la constatación del «absoluto fracaso de la política inspectora».
Giraldo ha contrapuesto el dato de cierres con el volumen total de alojamientos que operan al margen de la normativa. Según las estimaciones del grupo socialista, en la capital existen actualmente cerca de 15.000 inmuebles destinados al uso turístico, de los cuales más de 13.000 carecen de licencia. Además, el edil destaca que existen 1.500 casos de ilegalidad ya certificada sobre los que no se ha actuado con celeridad.
Dudas sobre la eficacia y las cifras oficiales
Durante su intervención, el concejal ha ironizado sobre el triunfalismo del equipo de Gobierno, señalando que «no es para ponerse una medalla cerrar solo 323 en todo un año». En este sentido, ha advertido que, de mantenerse el ritmo actual de intervenciones, el consistorio madrileño necesitaría un periodo de 40 años para lograr la clausura total del parque de viviendas ilegales que existen hoy en día.
Asimismo, desde el PSOE se ha cuestionado la coherencia de los anuncios realizados por el alcalde en meses anteriores. Giraldo ha pedido explicaciones sobre el paradero de las 3.000 viviendas que, según declaraciones del regidor el pasado septiembre, ya habrían sido clausuradas. El concejal ha calificado esta discrepancia como una «invención» derivada de la «incapacidad manifiesta» para gestionar un problema que está impactando directamente en la convivencia vecinal y el acceso a la vivienda.
Impacto en los barrios
Para el principal partido de la oposición, el actual modelo de control no está logrando mitigar los efectos negativos de la proliferación descontrolada de pisos turísticos. Giraldo concluye que la falta de contundencia en las inspecciones perjudica a miles de ciudadanos madrileños que sufren la presión de este fenómeno en sus comunidades, instando al Gobierno municipal a reforzar los recursos y la transparencia en el seguimiento de las infracciones.
