La Comunidad de Madrid ha instado al Gobierno central a convocar cerca de 500 plazas de jueces y más de 2.400 de funcionarios de la Administración de Justicia en los próximos años, ante el déficit de recursos humanos en este ámbito clave, una carencia que afecta al adecuado funcionamiento de este servicio público. Así lo recoge el informe elaborado por la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, que ha conocido el Consejo de Gobierno en su reunión de hoy.
Según el documento, a cierre de 2024, la región contaba con 732 jueces y magistrados en activo, lo que supone una ratio de 10,4 por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media nacional (11,9) y alejada de la europea (17,4). En este contexto, el Ejecutivo autonómico se suma a la petición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que demanda la cobertura inmediata de 142 plazas. Además, en los próximos cinco años serán necesarias más de 350 adicionales.
En cuanto a personal, la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid dispone actualmente de 7.811 empleados, de los cuales 3.090 no son funcionarios de carrera. A ello se suma que en los dos últimos años se han jubilado 454 trabajadores públicos y la edad media es superior a los 50 años.
Ante esta situación, el informe reclama al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la eliminación de la tasa de reposición y la asignación de al menos 800 plazas anuales en las ofertas de empleo público de los próximos tres años. Esta medida permitiría reducir la tasa de interinidad hasta el 8%, desde el 38,6% actual, en línea con lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre.
El Ejecutivo autonómico ha tenido que recurrir a la contratación de 1.350 funcionarios interinos solo en 2024. Además, desde 2023 ha creado 326 nuevos puestos en ámbitos como el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Fiscalía, los órganos judiciales, Oficinas de Justicia en el Municipio y Registro Civil.
La Comunidad de Madrid asumió las competencias en materia de Justicia en 2002, cuando el Estado invertía 62 millones de euros en este ámbito. Según los últimos presupuestos regionales, la inversión asciende actualmente a 690 millones de euros, lo que supone haber multiplicado por más de diez esta dotación económica.
