El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso (PP), aprobará esta semana la Ley de Medidas Urgentes para la Vivienda Protegida, una normativa que busca «acelerar la construcción y optimizar el suelo existente sin ampliar la huella urbana».
La Comunidad de Madrid da un paso definitivo para intentar «equilibrar el mercado inmobiliario regional». La nueva ley, cuyos ejes principales adelantó la presidenta Isabel Díaz Ayuso el pasado noviembre, introduce incentivos urbanísticos inéditos: se permitirá incrementar la densidad de las promociones hasta un 30% y la edificabilidad en un 20%. Esta maniobra técnica posibilitará aumentar el número de pisos en cada proyecto sin necesidad de consumir nuevo suelo, agilizando además los plazos burocráticos para acompasar la oferta a la demanda real.
Esta norma se suma a una estrategia que, según datos del Ejecutivo autonómico, ha situado a Madrid como la región líder en vivienda pública desde 2019, concentrando más del 40% del total nacional construida en este periodo.
Transformación del mercado y nuevas figuras legales
La ley también abre la puerta a la colaboración en parcelas privadas de uso hotelero, permitiendo que suelos destinados a alojamientos turísticos puedan reconvertirse en vivienda protegida. Asimismo, el texto legal recupera y potencia figuras clave para el acceso a la propiedad y el alquiler:
- Alquiler con opción a compra: Se recupera esta modalidad para facilitar la transición a la propiedad.
- Ayudas específicas: Programas dirigidos a familias numerosas, monoparentales y fomento del arrendamiento en municipios pequeños.
- Simplificación normativa: Supresión de tasas para la resolución de conflictos entre arrendadores e inquilinos.
Balance de legislatura y fiscalidad
El refuerzo habitacional se complementa con el programa ‘Mi Primera Vivienda’, que ahora permite financiar inmuebles de hasta 425.000 euros con hipotecas al 100%. En el plano fiscal, el Gobierno regional destaca que, desde 2019, se han aprobado 14 rebajas tributarias vinculadas a la vivienda, con especial énfasis en los ciudadanos menores de 25 años.
En cuanto a la vivienda social para colectivos vulnerables, la Comunidad prevé entregar este año más de 700 inmuebles de las 2.100 unidades que actualmente se encuentran en distintas fases de edificación durante la presente legislatura. Con la aprobación de esta ley esta semana, Madrid busca consolidar su modelo de colaboración público-privada como eje vertebrador de su política de vivienda asequible.
