La controversia por la instalación de un centro de servicios de limpieza en el barrio de Montecarmelo, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, suma un nuevo capítulo. Tras la aprobación este miércoles por parte del Ayuntamiento de Madrid de un proyecto para crear un parque de 6,3 hectáreas en la zona, la Plataforma No al Cantón y la Asociación Vecinal de Montecarmelo han respondido con dureza, calificando la iniciativa de maniobra de «greenwashing» o lavado de imagen.
Según los representantes vecinales, el anuncio de esta zona verde es una «tapadera» para justificar el mantenimiento del «megacantón». Los colectivos subrayan que el proyecto municipal protege precisamente la hectárea (10.000 m²) destinada a la instalación industrial, donde se prevé la gestión de maquinaria y residuos, y cuyas obras continúan activas a pesar de las protestas.
Los vecinos denuncian una presunta contradicción administrativa. Aseguran que, mientras el Consistorio anuncia la «renaturalización» del entorno, ha vuelto a presentar ante el juez documentación oficial que confirma funciones industriales en la parcela, tales como compactadoras de residuos, gasinera y talleres. Estas actividades son las que el responsable de limpieza, José Antonio Martínez-Páramo, había afirmado que se eliminarían del proyecto original.
Un año de la polémica tala
La respuesta vecinal se produce coincidiendo con el primer aniversario de la tala de más de 200 árboles en la zona donde ahora se ejecutan las obras. Los residentes recuerdan que ese espacio era un «parque de facto» para el barrio desde hace dos décadas y exigen que el Ayuntamiento cumpla la Ley 8/2005 de la Comunidad de Madrid, que obliga a la restitución del arbolado en su ubicación original.
Entre las principales demandas de la Asociación y la Plataforma se encuentran:
- Recalificación del suelo: Exigen que los terrenos dejen de ser «dotacionales» y pasen a ser legalmente «zona verde» para evitar futuras ampliaciones de la zona industrial.
- Participación ciudadana: Critican que el diseño del parque se ha realizado «de espaldas a los vecinos».
- Reubicación: Insisten en que el cantón, licitado por 7,4 millones de euros a Urbaser, podría situarse en una zona industrial a dos kilómetros de distancia, cerca de las futuras cocheras de la EMT.
El conflicto judicial
El Ayuntamiento mantiene actualmente un recurso ante la sentencia judicial que declaró nula la ubicación del SELUR y el parque de maquinaria en ese punto. Por su parte, los vecinos sostienen que el contrato adjudicado a la empresa concesionaria no permite cambios sustanciales en las actividades industriales (como la «valorización de residuos») sin sacar una nueva licitación, algo que no ha ocurrido.
El conflicto sigue centrado en la proximidad de la instalación a tres centros educativos con más de 4.200 alumnos, así como su cercanía al Anillo Verde Ciclista y al Parque Natural de la Cuenca Alta del Manzanares.
