El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ha publicado este lunes las órdenes que regulan los servicios mínimos para la jornada de huelga que afectará al primer ciclo de Educación Infantil este martes, 7 de abril de 2026. La medida busca equilibrar el derecho constitucional a la huelga de los trabajadores con el derecho a la educación y la conciliación de las familias. El sector se enfrenta a dos escenarios de paros simultáneos:
UGT Servicios Públicos de Madrid: Ha convocado una huelga de 24 horas (de 00:00 a 24:00) dirigida a todo el personal afectado por el XIII Convenio de Educación Infantil. En este caso, la administración y el sindicato alcanzaron un acuerdo sobre los mínimos en una reunión celebrada el 24 de marzo.
CGT Madrid: Ha comunicado una huelga indefinida que arranca también este martes a las 00:00 horas. A diferencia del anterior, en este caso no se alcanzó un acuerdo entre las partes tras la reunión del 25 de marzo, por lo que la Consejería ha impuesto los servicios mínimos de forma unilateral.
Servicios mínimos establecidos
Para ambos escenarios, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, dirigida por Mercedes Zarzalejo, ha dictaminado unos servicios esenciales idénticos para garantizar la apertura y seguridad de los centros:
Dirección: Es obligatoria la presencia del Director del centro, quien debe garantizar la apertura al inicio de la jornada y permanecer en las instalaciones.
Ratios de personal (Maestros/Educadores):
- Un profesional por cada 12 alumnos menores de un año.
- Un profesional por cada 18 alumnos menores de dos años.
- Un profesional por cada 24 alumnos de dos a tres años.
Servicios complementarios: Los centros deben asegurar el mantenimiento de los servicios de alimentación y limpieza durante el horario de los paros.
Justificación de la Administración
La Orden subraya que la educación es un «servicio esencial» y que el cierre de los centros para menores de edad afectaría directamente a la libertad de los padres o tutores para acudir a sus puestos de trabajo. Asimismo, se hace especial hincapié en la protección de los alumnos con necesidades educativas especiales, cuya integridad física y atención requieren una vigilancia mayor.
El incumplimiento de estos servicios mínimos, que serán determinados nominativamente por cada dirección de centro, podrá ser sancionado según la normativa vigente. Las órdenes producen efectos desde este mismo lunes tras su publicación oficial.
Condiciones laborales dignas
La clave del conflicto reside en la continuidad de los pliegos actuales. El Ayuntamiento defiende el uso de la prórroga —una facultad legal de la administración— basándose en criterios de estabilidad económica, organizativa y pedagógica. Sin embargo, desde UGT manifiestan su total disconformidad con estos argumentos.
Para la organización sindical, mantener los contratos actuales impide que se actualicen las condiciones laborales de las profesionales. Sostienen que la estabilidad de los proyectos educativos no depende de las empresas adjudicatarias, sino de los trabajadores, y que «sin condiciones laborales dignas no puede hablarse de calidad».
Uno de los puntos de mayor fricción es la imposibilidad de sostener las mejoras salariales del convenio con la financiación de los contratos antiguos. El sindicato defiende que la única vía para garantizar los valores de equidad y responsabilidad social es abrir un nuevo proceso de licitación. Esto permitiría:
- Actualizar los pliegos de condiciones.
- Incorporar las subidas salariales pactadas en el sector.
- Reforzar el modelo de gestión acorde a la realidad económica de 2026.
