La posible cesión del Palacio de la Quinta de Torre Arias al Banco de España ha generado un nuevo frente de conflicto entre el movimiento ciudadano y el Ayuntamiento de Madrid. La Coordinadora de Entidades de San Blas-Canillejas, la FRAVM y la Plataforma Ciudadana de Defensa de la Quinta han manifestado su rechazo frontal a que las instalaciones alberguen un Centro de Educación Financiera y formación para empleados, tal y como ha solicitado formalmente la entidad bancaria.
El núcleo de la controversia reside en el encaje legal de esta propuesta dentro del Plan Especial de Protección que rige la finca desde 2018. Según denuncian los colectivos vecinales, la normativa urbanística vigente establece que las edificaciones deben destinarse prioritariamente a actividades de investigación e instrucción vinculadas al pasado agropecuario de la quinta. El sindicato vecinal sostiene que un uso exclusivo para personal del Banco de España rompería la «unidad histórica y funcional» del conjunto, que está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de conjunto histórico.
Los límites del Plan Especial de Protección
La Plataforma de Defensa de la Quinta recuerda que el reglamento actual es muy restrictivo respecto a la titularidad de los proyectos. El Plan Especial especifica en su punto 2.5 que no se prevé la implantación de usos privados ni fórmulas de concesión, priorizando la gestión pública directa por parte del Consistorio. «El palacio, las caballerizas y las huertas forman un conjunto indisoluble que es testimonio de una quinta de recreo noble vinculada al desarrollo agrícola y ganadero», subrayan desde la Asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio.
Para los colectivos opositores, convertir el palacio en un centro de formación financiera contraviene el espíritu de la recuperación del espacio, que debería servir como pulmón verde y centro de aprendizaje público para los madrileños, siguiendo el modelo de finca mixta que ha caracterizado al recinto durante siglos.
Un precedente judicial que marca el camino
El rechazo vecinal no es nuevo. Los colectivos recuerdan la victoria judicial obtenida en 2016, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló un plan previo del Ayuntamiento que pretendía segregar la finca para ceder edificios a entidades privadas y construir un aparcamiento. Aquella sentencia es hoy el principal argumento de los vecinos para exigir el cumplimiento del reglamento urbanístico y evitar lo que consideran una «privatización» de facto.
Por el momento, la plataforma ha registrado un comunicado instando al Ayuntamiento a desestimar la petición del Banco de España y a abrir canales de interlocución con las entidades sociales para garantizar que cualquier actuación respete el carácter indiviso y público de la Quinta de Torre Arias.
