La Federación de Educación de CCOO de Madrid ha solicitado formalmente la paralización de la nueva estrategia de la Consejería de Digitalización, que contempla la integración de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en la plataforma pública EducaMadrid.
El sindicato denuncia que el Gobierno regional ha avanzado en este proyecto de manera unilateral, eludiendo la negociación obligatoria con los representantes del profesorado. Según la organización, esta medida vulneraría el acuerdo suscrito en abril de 2025, el cual establece que cualquier cambio que impacte en las condiciones de trabajo o la carga burocrática de los docentes debe ser tratado previamente en la Mesa Sectorial.
La principal crítica radica en la «opacidad del proceso». CCOO subraya que, hasta la fecha, la Administración no ha presentado la Memoria de Impacto necesaria para conocer qué empresas tendrán acceso a la información gestionada en la plataforma ni qué protocolos de seguridad se han diseñado. Para el sindicato, la introducción de esta tecnología sin consenso supone un incumplimiento de los marcos de diálogo social establecidos para la mejora de la educación pública madrileña.
Alertas sobre la privacidad de los menores y el papel del sector privado
Uno de los puntos de mayor fricción reside en la posible conexión de EducaMadrid con el denominado «Clúster de IA» de la Comunidad de Madrid. El sindicato teme que la participación de empresas privadas en el ecosistema educativo público facilite que los datos académicos y personales de alumnos menores de edad terminen bajo control comercial. Advierten de que el sistema educativo no puede convertirse en un banco de datos para entidades cuyo fin es el beneficio económico, señalando que la normativa europea ya cataloga el uso de la IA en la enseñanza como una actividad de «alto riesgo».
En términos legales, CCOO advierte de posibles infracciones en la protección de datos si el proyecto utiliza servidores ubicados fuera de la Unión Europea o plataformas de terceros países. Según la denuncia, esto pondría en riesgo la seguridad de la información de los estudiantes menores de 14 años, quienes quedarían expuestos a legislaciones extranjeras que obligan a ceder datos a autoridades externas. Ante este escenario, defienden el uso exclusivo de infraestructuras públicas, transparentes y auditables que garanticen la soberanía de la información educativa.
Exigencias de transparencia y auditoría independiente
Frente a lo que consideran una falta total de transparencia, la Federación de Educación ha registrado una petición para detener el proyecto piloto de forma inmediata. La exigencia de CCOO es clara: el proyecto no debe avanzar hasta que se garantice una auditoría independiente y se alcance un acuerdo con la representación de los trabajadores. El sindicato insta a la Consejería a aclarar quién gestionará finalmente los datos de los escolares madrileños, con qué objetivos específicos y bajo qué garantías jurídicas se protegerá su privacidad presente y futura.
