El secretario general del PSOE-M y ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha anunciado que su formación emprenderá acciones legales ante el Tribunal de Cuentas contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La denuncia se centra en la presunta «condonación» de más de 71 millones de euros a grandes grupos de sanidad privada, como Quirón y Ribera Salud, encargados de la gestión de hospitales concertados en la región.
En una entrevista concedida a RNE, López calificó la situación de «escándalo», apoyándose en una investigación de eldiario.es. Según la información revelada, entre los años 2017 y 2023, la Comunidad de Madrid habría dejado de contabilizar 71.653.032 euros correspondientes a costes de pacientes derivados desde centros concertados hacia la red de hospitales públicos. La justificación de la Consejería de Sanidad para este desajuste sería la falta de documentación sobre la actividad clínica realizada.
Trasvase de fondos de residencias a sanidad privada
Durante su intervención, el líder de los socialistas madrileños fue un paso más allá al acusar al Ejecutivo autonómico de modificar partidas presupuestarias de forma irregular. Según López, el Gobierno regional habría detraído fondos originalmente destinados a las residencias de mayores para sufragar pagos a la sanidad privada, llegando incluso a abonar cantidades que duplicaban lo presupuestado inicialmente.
«No solo han movido el dinero de las residencias para dárselo a grupos privados, sino que además les condonan deudas y pagan por encima de lo previsto», criticó el ministro, quien se mostró convencido de que estas irregularidades provocarán una «movilización progresista» contra las políticas sanitarias de Ayuso.
La respuesta de la Comunidad de Madrid
Por su parte, desde la Consejería de Sanidad han salido al paso de estas acusaciones tachando el documento interno en el que se basa la denuncia de estar «totalmente descontextualizado». El Gobierno regional niega que exista un trato de favor o una condonación de deudas, enmarcando estos movimientos contables dentro de la gestión ordinaria de la libre elección de centro.
Esta nueva ofensiva judicial del PSOE-M se suma a la creciente tensión política en la capital, donde el modelo de colaboración público-privada sigue siendo el principal caballo de batalla entre el Gobierno de Sol y la oposición, especialmente tras las recientes medidas anunciadas por el Ministerio de Sanidad para limitar estas externalizaciones a nivel nacional.
