La política de vivienda en España ha dado un giro hacia el conflicto constitucional tras las recientes declaraciones de la ministra del ramo, Isabel Rodríguez. La titular de Vivienda ha admitido públicamente que el Ejecutivo de Pedro Sánchez habría estado dispuesto a activar el artículo 155 de la Constitución contra las comunidades autónomas que se niegan a aplicar la Ley de Vivienda estatal, como es el caso de la Comunidad de Madrid. Rodríguez reconoció que esta medida extrema, que supone la intervención de competencias autonómicas por parte del Estado, habría sido una opción real de haber contado el Gobierno con una mayoría favorable en el Senado.
Esta advertencia del Ministerio pone el foco en la resistencia de las regiones gobernadas por el Partido Popular a implementar las zonas tensionadas y los límites al alquiler previstos en la normativa nacional. Desde el Gobierno central se sugiere que el bloqueo de estas medidas perjudica el acceso de los ciudadanos a un hogar, justificando así la posibilidad de utilizar herramientas de coerción estatal para obligar al cumplimiento de la hoja de ruta socialista en materia inmobiliaria.
Alfonso Serrano denuncia la «deriva totalitaria» y la «obsesión» con Madrid
La reacción desde la Puerta del Sol no se ha hecho esperar. El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha respondido con dureza a lo que considera una amenaza sin precedentes. Durante una visita oficial a la localidad de Arganda del Rey, Serrano ha calificado las palabras de la ministra como una muestra de «indigencia intelectual» y ha alertado sobre el «vicio totalitario» que, a su juicio, demuestra el Gabinete de Sánchez al plantear la intervención de administraciones que no comparten su ideario político.
El ‘número dos’ de los populares madrileños ha subrayado que Madrid no está vulnerando ninguna normativa, ya que la vivienda es una competencia compartida donde la legislación estatal tiene unos límites que el Gobierno pretende ignorar para «imponer un socialismo obligatorio». Según Serrano, esta estrategia de intervención ya se ha visto en la fiscalidad o la educación y ahora llega al urbanismo para intentar tapar lo que define como el «fracaso» de las políticas nacionales.
Serrano ha contrapuesto la amenaza de intervención con las cifras de gestión regional, destacando que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ya ha entregado 6.000 de las 15.000 viviendas públicas que tiene proyectadas. El dirigente popular ha insistido en que el «modelo de éxito» madrileño se basa en la liberalización del suelo y en evitar una legislación de alquiler que, según sus palabras, solo consigue contraer la oferta y encarecer los precios para los jóvenes y las familias.
