La titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid ha dado un paso fundamental en el proceso penal contra el Real Madrid y su principal gestor, al apreciar indicios de un posible delito contra el medio ambiente. En un auto reciente, la magistrada ha dado por concluida la fase de investigación y ha ordenado que la causa continúe por los cauces del procedimiento abreviado.
Esta decisión judicial señala directamente a la entidad blanca y a su administrador único, José Ángel Sánchez Periañez, como posibles responsables de una infracción penal derivada de los ruidos emitidos durante la serie de conciertos multitudinarios que acogió el estadio entre los meses de abril y septiembre de 2024. La resolución judicial se produce tras una instrucción pormenorizada que se inició a raíz de la querella presentada el 15 de julio de 2024 por la Asociación vecinal de perjudicados por el Bernabéu
. Los residentes denunciaron que el coliseo, tras su ambiciosa remodelación, generaba un estruendo que sobrepasaba sistemáticamente los límites permitidos por la ordenanza municipal de Madrid. Según el criterio de la magistrada, las diligencias practicadas sugieren que la sociedad Real Madrid Estadio, S.L.U. gestionó acuerdos con diferentes promotoras musicales para llevar a cabo espectáculos en un periodo que abarca desde el 26 de abril hasta el 8 de septiembre de 2024, ignorando aparentemente las restricciones sonoras vigentes.
La magistrada ha puesto de relieve en su escrito que, durante todos los eventos musicales investigados, existen evidencias de que se rebasaron los decibelios autorizados. De hecho, el propio Ayuntamiento de Madrid ya había tomado cartas en el asunto mediante la apertura de diversos expedientes sancionadores contra las empresas promotoras de los eventos, calificando las faltas como muy graves y estableciendo sanciones económicas que oscilan entre los 16.000 y los 148.000 euros.
Para sustentar estos indicios, la jueza recabó todas las actas de medición de ruido elaboradas por la Policía Municipal en las cercanías del estadio entre abril y julio de 2024, además de solicitar un informe detallado sobre el volumen de llamadas de queja recibidas a través del teléfono de emergencias 092. En el centro de la batalla legal se encuentra también la cuestión de la licencia urbanística. Los vecinos querellantes sostienen que el permiso otorgado al Real Madrid en 2019 para la reforma del estadio estaba destinado exclusivamente a la práctica del fútbol y no contemplaba el uso intensivo del recinto para macroconciertos.
Según esta tesis, el club debería haber solicitado autorizaciones específicas para cada evento y, sobre todo, haber realizado estudios de impacto acústico para evitar la fuga de sonido al exterior, algo que aparentemente no se hizo. Los residentes reprochan a la entidad una absoluta desidia a la hora de insonorizar el edificio para mitigar las molestias, e incluso extienden sus críticas al alcalde y al delegado de Urbanismo, a quienes acusan de consentir la situación de forma incomprensible.
La querella detalla casos muy concretos de incumplimiento normativo, mencionando las actuaciones de estrellas internacionales como Taylor Swift a finales de mayo, el show de Duki en junio, o los directos de Manuel Carrasco y Luis Miguel celebrados en julio. En todos estos casos, los peritajes de ingeniería acústica aportados por los afectados confirmaron niveles de ruido insoportables que superaban con creces lo permitido. Ahora, tras el cierre de la instrucción, el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares disponen de un plazo para formular sus escritos y solicitar la apertura definitiva del juicio oral o, en su defecto, el sobreseimiento del caso, mientras el Real Madrid aún tiene la posibilidad de interponer recurso contra esta resolución judicial.
