La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha presentado una serie de alegaciones a la nueva Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de la capital, defendiendo que este impuesto debe ser utilizado como una «herramienta eficaz» para abordar la grave crisis de acceso a la vivienda que padece la ciudad.
El documento, registrado este lunes, incluye un amplio abanico de medidas que buscan penalizar la especulación e incentivar la función social de la vivienda, así como apoyar a familias numerosas y entidades de interés público.
Propuesta de recargo por desocupación
La propuesta más destacada de la FRAVM es la inclusión de un recargo sobre la cuota líquida del IBI para aquellos inmuebles residenciales que permanezcan desocupados de forma permanente durante más de dos años. Esta medida se acoge a lo establecido por la Ley estatal 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
El recargo propuesto es gradual:
- Se aplicaría un recargo del 50% sobre la cuota del IBI si la vivienda lleva desocupada más de dos años.
- La Federación sugiere elevar este gravamen al 100% si la desocupación permanente del inmueble se extiende por un periodo superior a tres años.
La FRAVM contempla hasta doce excepciones a esta penalización, incluyendo viviendas en proceso de reforma, aquellas declaradas en ruina o los inmuebles que formen parte de una herencia durante los dos primeros años tras el fallecimiento del titular.
Bonificaciones para vivienda social y entidades
En el lado de los incentivos, la organización vecinal pide la inclusión de bonificaciones significativas destinadas a promover la vivienda de protección oficial (VPO) y el alquiler social:
- Viviendas de Protección Oficial: Se propone una bonificación del 50% durante los tres primeros periodos impositivos, con porcentajes variables para años posteriores en función de la renta familiar.
- Alquiler Social y Cesión de Uso: Se defiende una bonificación del 95% en la cuota para los inmuebles gestionados por la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS), entidades públicas, o privados bajo acuerdos de colaboración público-privada, que se destinen al alquiler social. La misma bonificación del 95% se aplicaría a inmuebles gestionados por cooperativas de vivienda en cesión de uso o entidades sin ánimo de lucro.
Apoyo a familias numerosas y colectivos sociales
El escrito también contempla otros dos bloques de alegaciones orientados a la protección social:
- Familias Numerosas: Se plantea una bonificación variable que depende tanto de la renta como del número de personas a cargo. Se propone una bonificación máxima del 90% para aquellos hogares cuya renta no supere los 25.200 euros. La FRAVM añade que las familias numerosas con personas a cargo que presenten una discapacidad superior al 33% deberían ser consideradas de categoría especial.
- Entidades de Interés Público: Se sugiere aplicar una bonificación del 95% en la cuota íntegra a los locales y sedes sociales de entidades y colectivos de interés público municipal. Esto incluiría a organizaciones como asociaciones vecinales, AMPA y ONG.
La FRAVM, una organización sin ánimo de lucro fundada en 1977 que agrupa a cerca de 300 entidades en la Comunidad de Madrid, enfatiza que el Ayuntamiento debe usar todos los mecanismos disponibles, como el IBI, para abordar la crisis de la vivienda y defender los derechos sociales y la participación ciudadana.
