La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid acogerá este martes, a las 10:00 horas, el juicio oral contra E. P. C., una empleada de la entidad bancaria BBVA a la que la Fiscalía Provincial acusa de haber generado un perjuicio económico de más de 44 millones de euros a la entidad. El Ministerio Público le imputa un delito de administración desleal y otro continuado de falsedad en documento mercantil, solicitando una pena total de siete años de prisión y una indemnización millonaria.
La acusada, que formaba parte de la plantilla de BBVA desde junio de 2009 tras la absorción de BBVA Factoring EFC, ocupaba el puesto de Técnico 2 Soluciones de Negocio. Desde esta posición, y valiéndose de una «absoluta independencia» otorgada por sus superiores debido a su experiencia, gestionaba la contratación de garantías en operaciones de factoring internacional.
El mecanismo del fraude: omisión de garantías y «caja B»
Según relata el escrito de acusación, el protocolo de la entidad exigía que, para aprobar operaciones de factoring sin recurso con deudores internacionales, se contratara obligatoriamente un seguro con un «corresponsal» (entidad financiera o aseguradora extranjera) que cubriera el riesgo de impago. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que E. P. C. se apartó sistemáticamente de este procedimiento entre julio de 2015 y diciembre de 2017.
La empleada presuntamente ejecutó el 90% de las operaciones sin contratar estas garantías obligatorias, ocultando esta omisión a los departamentos de Riesgos y OPPLUS, a los que remitía documentación falsificada indicando que los corresponsales existían. Para sostener el engaño y cubrir los impagos que iban surgiendo, la acusada habría manipulado la plataforma informática interna (sistema EDI) utilizando su usuario U101875.
El Ministerio Público detalla que la acusada incrementó deliberadamente hasta en un 50% las comisiones que el banco debía pagar a los supuestos corresponsales. Ese dinero sobrante, que ascendió a 22,2 millones de euros, se desviaba a cuentas instrumentales de «Pérdidas y Ganancias» controladas por ella. Con estos fondos, ordenó pagos por valor de 4.060.702,34 euros para saldar deudas de clientes fallidos y evitar que el banco detectara que las operaciones no estaban aseguradas. Entre las empresas beneficiadas por estos pagos para tapar agujeros figuran Tejidos Royo o Tavex Europe, entre otras.
El detonante: la quiebra de Palmer & Harvey
El esquema se desmoronó el 1 de diciembre de 2017, cuando el cliente Philip Morris Limited informó al banco de que su deudor final, la empresa británica Palmer & Harvey, había entrado en concurso de acreedores dejando facturas impagadas. Al solicitar el banco la ejecución de la garantía, la acusada intentó encubrir la situación falsificando mensajes del sistema EDI y correos electrónicos para hacer creer a sus superiores que la entidad HSBC había garantizado la operación por 50 millones de libras. Finalmente, se descubrió que dicha garantía de HSBC nunca existió.
Petición de penas
La Fiscalía Provincial considera los hechos constitutivos de un delito de administración desleal y un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Por el primero solicita una pena de 4 años de prisión y multa de 10 meses; por el segundo, 3 años de prisión y multa de 12 meses. Además, exige que la acusada indemnice a BBVA con la cantidad exacta del perjuicio causado: 44.260.702,34 euros, suma que incluye los 40,2 millones de la operación fallida de Philip Morris y los más de 4 millones desviados del fondo instrumental.
