Un análisis de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) cuantifica en 14,31 euros el sobrecoste medio de la factura de los hogares con PVPC derivado de la decisión de Red Eléctrica Española (REE) de incrementar los servicios de restricciones técnicas para asegurar el abastecimiento de energía después del apagón; un cálculo realizado para un hogar que consume 292 kWh/mes, comparado con el mismo periodo (abril a septiembre) del pasado año.
En el mercado libre OCU estima este sobrecoste en 13,06 euros. A los hogares con precio fijo, no se les ha repercutido este sobrecoste, pero sí a las ofertas para nuevos clientes y en las renovaciones de los contratos. OCU denuncia además que, en el mercado libre, algunos contratos con precio fijo comienzan a añadir cláusulas para repercutir el coste de los servicios de ajustes como un cargo adicional a la tarifa publicitada.
Lo cierto es que el retraso en determinar las causas de la caída eléctrica del 28 de abril está provocando la actuación de Red Eléctrica incrementando los servicios de restricciones técnicas, para contar con más plantas de generación (térmicas e hidráulicas normalmente) dispuestas a prestar sus servicios para garantizar la estabilidad de la red, al mismo tiempo que instalaciones renovables deben frenar su producción.
Cinco meses son tiempo suficiente para aclarar las causas y la responsabilidad del apagón, señala OCU, que urge a la CNMC a ofrecer su dictamen. Solo entonces podrá valorarse si realmente son necesarios los servicios de ajuste por restricciones técnicas que están encareciendo la factura; y solo entonces podrán dirimirse las responsabilidades de los distintos actores del sistema eléctrico a la hora de reclamar posibles indemnizaciones.
Pero sea cual sea el dictamen, que deberá ser suficientemente trasparente y preciso en las distintas responsabilidades, los posibles sobrecostes derivados del apagón deberían ser asumidos por sus causantes, defiende OCU. Cualquier concepto que acabe en la factura del consumidor en forma de cargos del sistema tiene un riesgo muy elevado de acabar siendo injusto y desigual para los hogares, sobre todo porque los principales consumidores eléctricos no son los consumidores, sino la industria y las empresas.
