El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy en Junta de Gobierno ampliar el contrato para servicios de protección y seguridad de los inmuebles (pisos, locales, edificios y solares) que forman parte del Patrimonio Municipal del Suelo y evitar que sean ocupados, tal y como ha explicado la portavoz del Gobierno, Inmaculada Sanz.
Se trata de un servicio que lanzó el Ayuntamiento, a través del Área de Desarrollo Urbano, en 2020 –no existía hasta entonces– por un importe de 1,4 millones de euros y que ahora se amplía con un gasto de 627.625 euros repartidos entre 2022 y 2023.
Gracias a este servicio de protección y seguridad actualmente se encuentran vigilados una decena de inmuebles municipales. Según señalan fuentes municipales, de haber existido un contrato similar con anterioridad a 2020 se hubieran evitado ‘okupaciones’ y mal uso de solares como, por ejemplo, los situados en el Paseo de la Dirección, en la calle Luna, 32 o en el solar de la calle Antonio Grilo, 8, que se están recuperando durante este mandato pero donde no se han podido desarrollar ninguna acción hasta el momento.
Además, la ‘okupación’ ilegal de estos inmuebles provoca un rápido deterioro de los mismos por la imposibilidad de llevar a cabo las mínimas actuaciones de conservación. Una situación que se ve agravada también por la previsible manipulación de las infraestructuras de las edificaciones, lo que puede ocasionar un riesgo para la seguridad tanto de los propios ‘okupas’ como de los edificios colindantes.
Cuando se lanzó este contrato no era posible establecer a priori y con exactitud los inmuebles y solares en los que iba a ser necesario prestar el servicio de vigilancia y seguridad, pues dependería del desarrollo de los procesos de ejecución del planeamiento, expropiatorios u otros, ni tampoco el tiempo durante el que haría falta mantenerlo.
Tres nuevos edificios
Transcurridos dos años, se considera necesario ampliar dicho contrato para tres inmuebles en concreto:
La Casa del Peón, cuarta esclusa del Manzanares: se trata de un inmueble emplazado en un entorno no urbanizado en el que se localizan varios asentamientos ilegales, circunstancia que incrementa exponencialmente el riesgo de ocupación. Este edificio va a formar parte del Bosque Metropolitano, el anillo verde de 75 km. que bordeará la ciudad, y se planea rehabilitarlo para convertirlo en un espacio de encuentro y relación en el que realizar actividades en torno al río y la agricultura, entre agricultores, vecinos, consumidores, visitantes y la administración.
El edificio Clesa: durante este mandato se ha recuperado la titularidad de este inmueble, que se va a convertir en un centro innovador de ciencias de la salud. Por sus características y ubicación presenta un alto riesgo de ‘okupación’, por lo que requiere un servicio de vigilancia presencial continua, hasta que finalice la tramitación del expediente de concesión demanial para la entidad que lo va a gestionar.
El edificio de Peironcely, 10: la parcela que ocupa este edificio, situada en el distrito de Puente de Vallecas, fue objeto de una modificación del Plan General para catalogar el edificio con nivel 2 de protección, calificar la propia parcela como dotación pública y rectificar las alineaciones para respetar las de la edificación existente. En dicho inmueble, calificado como Equipamiento Público Singular, no está definido aún el proyecto que se pretende implantar, y esta circunstancia, unida a las propias características del inmueble y las condiciones del entorno urbano en el que se localiza, ha justificado que se incluya dentro del contrato de vigilancia.
