El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y la presidenta de la Asociación para la Prevención Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida -APRAMP-, Rocío Nieto, han firmado un convenio con el objetivo de desarrollar un programa de acompañamiento a los recursos sanitarios de Atención Primaria de las mujeres en situación de prostitución.
A través de la firma se facilita que mediadoras de Apram ofrezcan información, acompañamiento y mediación intercultural con estas personas durante su acceso a los recursos sanitarios. Todo ello con el fin de apoyar, evitar barreras como puedan ser las lingüísticas o del conocimiento del sistema sanitario que permitan establecer una adecuada comunicación entre los profesionales sanitarios y mujeres en situación de prostitución.
Esta nueva colaboración entre la Consejería de Sanidad, el Servicio Madrileño de Salud y APRAMP, ha sido posible gracias a la promoción y desarrollo de este tipo de actuaciones llevadas a cabo por la Dirección General de Humanización y Atención al Paciente. Este convenio inicia su andadura coincidiendo con el Día Internacional Contra la Explotación Sexual y la Trata de personas, que se celebra hoy, viernes 23 de septiembre.
Así a través de este acuerdo se facilita la comunicación, relación, interlocución y mediación de estas personas en los centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud, en concreto a través de los centros de salud de Atención Primaria. Las mediadoras de APRAMP, que son personas que han sobrevivido a situaciones de trata con fines de explotación sexual, permitirán a las mujeres que lo necesiten, evitar las barreras lingüísticas, culturales y de movilidad geográfica, que en ocasiones les limitan el acercamiento al sistema sanitario de la Comunidad de Madrid.
Facilitar el acceso a la atención médica
Estas mediadoras cuentan con formación específica para desarrollar acciones de traducción y cercania cultural con las pacientes a tratar, ya que proceden de los mismos países que las pacientes y han sobrevivido a situaciones de trata con fines de explotación sexual.
De esta manera se facilita el acceso al sistema sanitario español a una población que dentro de su estatus de persona inmigrante vive una situación de coacción, miedo y posibles represalias, lo que junto la irregularidad vivida aumenta su vulnerabilidad y la necesidad de acciones como este convenio que permite a través de la humanización de la asistencia sanitaria, facilitar al mismo tiempo el trabajo de los profesionales sanitarios para que puedan detectar situaciones de trata o explotación sexual.
