Comisiones Obreras (CCOO) ha anunciado el inicio de una batería de iniciativas legales y administrativas tras los acontecimientos ocurridos durante la huelga general del pasado 11 de noviembre y a raíz de las declaraciones públicas realizadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En una rueda de prensa celebrada una semana después de la jornada de paro, el secretario general confederal de CCOO, Unai Sordo, y la secretaria general de CCOO de Madrid, Paloma López, han detallado las actuaciones que emprenderá la organización sindical. Por un lado, Paloma López ha comunicado que el sindicato promoverá un acto de conciliación previo a la interposición de una querella por injurias contra la jefa del Ejecutivo autonómico, con el objetivo de que los tribunales examinen también si sus palabras pueden ser constitutivas de un delito de odio.
Según ha expuesto la dirigente madrileña, expresiones como «basura sindical» o las alusiones a una supuesta «mafia» exceden el marco de la crítica política legítima y suponen descalificaciones contra organizaciones amparadas por la Constitución. «No vamos a renunciar a defender ni nuestra dignidad, ni la libertad sindical, ni el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a organizarse y ejercer colectivamente sus derechos», ha afirmado López durante su intervención.
Requerimientos al Ministerio del Interior y denuncia por derechos fundamentales
Asimismo, los responsables sindicales han dado a conocer dos medidas concretas en relación con el dispositivo policial desplegado durante el 11N, una actuación que califican de extraordinaria gravedad:
- Requerimiento formal a Interior y Policía Nacional: CCOO dirigirá una petición oficial al ministro del Interior, al director general de la Policía y al delegado del Gobierno en Madrid para que adopten medidas e impartan instrucciones precisas que eviten la repetición de este tipo de intervenciones. El sindicato reclama que se prohíba el empleo de aerosoles químicos contra piquetes informativos pacíficos, que no se obstaculice su labor de información y persuasión mediante coacción o fuerza, y que se revisen los protocolos vigentes sobre el uso de este material para impedir su utilización desproporcionada.
- Demanda judicial por vulneración de derechos fundamentales: La organización acudirá a los tribunales para denunciar la actuación de los agentes durante el 11 de noviembre, solicitando a la Justicia que determine si se vulneraron los derechos constitucionales de huelga, libertad sindical, reunión e integridad física de los participantes.
Paloma López ha subrayado que la finalidad de estas iniciativas no se limita a esclarecer los hechos y depurar responsabilidades, sino a asegurar que en futuras convocatorias de huelga los trabajadores puedan ejercer sus derechos sin sufrir intervenciones policiales que consideran injustificadas, recordando la obligación de los cuerpos de seguridad de proteger también a quienes secundan un paro.
Críticas de Unai Sordo al dispositivo policial al término de la manifestación
Tras la secretaria general de Madrid, Unai Sordo ha cuestionado el desarrollo de las cargas policiales registradas al finalizar la marcha en la capital, señalando que «alguien pensó que era mejor que la imagen del 11N fuera la de disturbios en la Gran Vía» para alterar la percepción de una jornada que, según ha sostenido, transcurrió de manera masiva, cívica y pacífica en el conjunto del país.
El líder sindical ha explicado que la organización ha recopilado material audiovisual y analizado los testimonios de numerosos afectados —entre ellos afiliados, delegados y cargos sindicales—, concluyendo que los incidentes rebasan las tensiones habituales de una huelga. En este sentido, ha reprochado que, sin mediar una actuación contundente por parte de ningún piquete, se dispersaran gases con efectos tóxicos sobre los ojos y la piel de los ciudadanos.
Respecto al desenlace de la manifestación en Madrid, Sordo ha indicado que la marcha avanzó con normalidad desde la plaza de España hasta Atocha, momento en el que se produjo una intervención policial que ha tildado de «absolutamente injustificada y desproporcionada». Según su relato, el uso de gases lacrimógenos, pelotazos y golpes generó situaciones de pánico que llevaron a multitud de asistentes a buscar refugio en las calles aledañas a la Gran Vía, advirtiendo de que las consecuencias pudieron haber sido aún mayores dada la estrechez de dichas vías y la elevada concentración de personas.
Por último, el secretario general de CCOO ha reclamado que se identifique a los mandos que ordenaron las cargas y se expliquen los motivos de dicha decisión, advirtiendo de que, de no esclarecerse lo sucedido ni depurarse responsabilidades en la cadena de mando policial, la responsabilidad política recaerá directamente sobre el Ministerio del Interior.
