El Gobierno propone una nueva EBAU (Selectividad) con menos exámenes y una prueba de madurez

Gacetín Madrid

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha presentado hoy a los consejeros de Educación de las comunidades autónomas la propuesta del Ministerio para actualizar la prueba de acceso a la Universidad y «avanzar hacia un modelo más competencial, de acuerdo con los nuevos currículos de la Ley de Educación». El documento de trabajo ha sido enviado también a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y la ministra y su equipo se reunirán esta tarde con su presidente, Juan Romo.

La propuesta responde a «la necesidad de adaptar las pruebas al aprendizaje competencial que proponen los nuevos currículos de la Ley de Educación. Lo hace de forma gradual, con un periodo transitorio de tres años, para favorecer la adaptación del alumnado y del profesorado y hacerlo con las debidas garantías. Además, este progresivo enfoque competencial permitirá avanzar hacia una línea de mayor homologación entre los territorios».

El Ministerio propone así un modelo transitorio durante los cursos 2023-2024, 2024-2025 y 2025-2026, en los que la prueba se dividirá en cuatro ejercicios, todos ellos con una ponderación del 25%. Un ejercicio será sobre la materia de modalidad de prueba elegida por el alumno o alumna y dos de ellos serán de las materias comunes de Historia de la Filosofía e Historia de España. El cuarto ejercicio tendrá carácter general y evaluará las destrezas asociadas al ámbito lingüístico. En este ejercicio se pretende evaluar principalmente la madurez académica del alumnado.

Pasado el periodo transitorio, a partir del curso 2026-2027, este ejercicio general de madurez pasará a tener una ponderación del 75% y sustituirá a los ejercicios de las materias comunes. Se mantendrá, con una ponderación del 25%, el ejercicio específico sobre la materia de modalidad elegida por el estudiante. La prueba quedará así dividida en dos ejercicios: uno más globalizado y otro de materia, ambos con un enfoque competencial.

El ejercicio general de madurez, tanto durante el periodo transitorio como a partir de 2026-2027, constará de un dossier formado por una serie de documentos como textos, imágenes, infografías o tablas, que girarán en torno a un mismo tema. Con este material, se pedirá al alumno o la alumna que realice un análisis desde diferentes perspectivas, respondiendo a diversos tipos de preguntas (cerradas, semiconstruidas y abiertas). El objetivo es valorar la capacidad del alumnado para analizar, valorar, extraer información e interrelacionar toda esa documentación.

Este ejercicio constará de preguntas en castellano, la lengua extranjera que haya estudiado el alumno y también con la lengua cooficial en las comunidades que cuenten con ella.

La nota final de acceso se obtendrá calculando la media ponderada entre la nota de la etapa del bachillerato y la nota de la prueba descrita. La propuesta del Ministerio es una ponderación del 60% para la nota del expediente y del 40% para la nota final de la prueba de acceso.

Tal y como se lleva a cabo en la actualidad, la prueba de acceso se complementará por una segunda fase específica para ayudar a determinar el orden de admisión a los estudios universitarios. En esta prueba complementaria, el alumnado realizará dos ejercicios, eligiendo de entre las materias ofertadas de 2º de Bachillerato, de modalidad o comunes. El diseño de los ejercicios que configurarán esta fase de admisión tendrán también un carácter competencial. A la calificación obtenida en la fase de admisión, se aplicará el coeficiente de ponderación que cada universidad establezca en sus grados.

Finalmente, la nota con la que el alumnado optará al proceso de admisión será la suma de la nota final de acceso y nota de la fase de admisión. El documento presentado hoy es una primera propuesta de trabajo elaborada por el Ministerio. El objetivo es abrir un periodo de debate y de diálogo en el que llegar a acuerdos respecto al diseño de esta nueva prueba, dentro del respeto de las competencias de las comunidades autónomas. También se crearán grupos de trabajo con los diferentes agentes implicados para elaborar criterios de corrección consensuados.

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