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Más Madrid exige a Almeida que «deje de mentir sobre las comisiones millonarias» en los contratos de emergencia

Gacetín Madrid

«¿Por qué Almeida mintió a Más Madrid?, ¿por qué cuando el pasado 4 de marzo preguntamos si había algún contrato de emergencias judicializado se nos dijo que no? ¿qué oculta el alcalde? ¿por qué ha metido durante un año y medio?». Desde Madrid han exigido hoy explicaciones en el consejo extraordinario de administración de Servicios Funerarios de Madrid (SFM) sobre las presuntas comisiones millonarias en contratos de emergencia sanitarios.

Son muchos los interrogantes que ha planteado hoy el concejal Miguel Montejo en la sesión extraordinaria, celebrada a petición de Más Madrid. Montejo ha emplazado a un nuevo consejo en el plazo de un mes «para conocer las respuestas». Entre las cuestiones requeridas, «qué autoridades y funcionarios conocían la intermediación de los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño» y «a través de quién llegaron al Ayuntamiento; o quién conocía que había una comisión de seis millones de euros».

Más Madrid ha insistido en que el alcalde Almeida «ha mentido a la oposición (incluso por escrito) y a la ciudadanía, al negar que hubiera contratos judicializados relacionados con la compra de material sanitario en la pandemia, ocultando, además, que la Fiscalía Anticorrupción lo investiga desde hace un año y medio». Contratos con los que, «en lo peor de la pandemia, cuando morían miles de personas diariamente, dos ‘empresarios’ se forraron y llenaron sus bolsillos a costa del dinero público, embolsándose, presuntamente, seis millones de euros». Y mientras, «Almeida, que firma dicho contrato (troceado en tres), jamás informó a nadie, ni siquiera a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, sobre estos gravísimos hechos».

El concejal Miguel Montejo, ha señalado que, «por supuesto que Más Madrid apoyó que se hicieran contratos de emergencia en marzo de 2020, lo volveríamos hacer, claro, pero desde luego lo que nunca aprobamos ni aprobaríamos es que dos personas se llevaran seis millones de las arcas públicas”.

«Precisamente, cuando la compra de mascarillas son las más caras de la pandemia y el propio Tribunal de Cuentas alertó de los precios elevados de estos contratos investigados por Anticorrupción», señalan. Más Madrid ha recordado que las comisiones están prohibidas en la contratación pública, “no puede haber intermediarios, no se pueden pagar comisiones”.

Más Madrid quiere saber

“Queremos saber qué pasó en el Ayuntamiento, quién facilitó en el Ayuntamiento esta estafa que pagamos todos”. En su calidad de consejero de SFM, Miguel Montejo ha solicitado la siguiente información al consejo de la empresa, ante las noticias publicadas de que la funeraria municipal y el Ayuntamiento “hayan podido sufrir un grave quebranto derivado de una presunta estafa” en relación a tres de los contratos aprobados en dicho consejo sin haber conocido previamente la existencia de un intermediario, cuya presunta comisión comercial habría sido cercana al 50%:

1.- Autoridades y/o funcionarios públicos que conocían la intermediación de Luis Medina Abascal y/o Alberto Luceño Cerón en los contratos autorizados por unanimidad de los miembros del Consejo de Administración de SMF SA. de los días 24 y 25 de marzo de 2020. Específicamente aquellos firmados entre la empresa LENO de Malasia, la presidenta de SMF SA, Inmaculada Sanz Otero, y el presidente de la Junta General de Accionistas, José Luis Martínez-Ameida.  

2. Detalle de fechas, minutaje y contenido de las llamadas realizadas por  Luis Medina Abascal y Alberto Luceño Cerón a lena Collado Martínez, coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos y consejera en este mismo Consejo de Administración. 

3. Detalle de fechas, minutaje y contenido de las comunicaciones directas entre el Ayuntamiento y la empresa malaya LENO.  

4. Identificación de la autoridad que, en su caso, comunicó a la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos la próxima realización de dichas llamadas o que la puso en contacto con los investigados.  

5. Información de si el presidente de la Junta General de Accionistas de SMF. José Luis Martínez-Almeida, y/o la presidenta de Servicios Funerarios de Madrid SA. conocían en el momento de la firma del contrato, de fecha de 24 de marzo de 2020 entre ellos mismos y LENO, de la existencia de estos intermediarios y cual era, de haberla, la naturaleza económica de esta intermediación.  

6. Información de si el presidente de la Junta General de Accionistas de SMF SA,, José Luis Martínez-Almeida, y/o la presidenta de Servicios Funerarios de Madrid SA. conocieron la naturaleza económica de esta intermediación tras la citación de la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos ante la Fiscalía Anticorrupción.  

7. A fin de verificar si el Ayuntamiento de Madrid o SMF SA deberían iniciar acciones para recuperar el dinero, solicitamos información sobre si se ha solicitado parecer de los Servicios Jurídicos de SMF SA., de la dirección general de la Asesoría Jurídica, al Área de Hacienda y Personal o a cualquier otra instancia del Ayuntamiento o de SMF SA en orden a una posible personación del Ayuntamiento de Madrid, una vez se conoce que el asunto de referencia está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción.  

8. Información sobre si el Ayuntamiento o SMF SA han realizado una investigación interna sobre las posibles responsabilidades disciplinarias, contables o penales en las que hayan podido incurrir autoridades o funcionarios públicos a su servicio. 

9. Razones por las que no se dio cuenta al consejo de administración de SFM de la existencia de intermediarios en la celebración de los contratos.  

10. Identificación de la naturaleza económica, en su caso, de la relación entre Luis Medina Abascal y Alberto Luceño Carón y la empresa LENO.  

11. Identificación de las fuentes de financiación de los contratos de referencia, identificando en su caso a las empresas e instituciones sin ánimo de lucro cuy5as donaciones se hubieran empleado en financiar aquellos.  

12. Estudio realizado, de haberlo, sobre la adecuación del precio de los contratos a los valores de mercado de dicho periodo a la luz del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas número 1.462.

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