La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid juzga desde este martes, 8 de marzo, a cuatro profesoras de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) quienes gracias a su condición de directoras en diferentes cursos de formación autorizaron múltiples gastos “sin justificación alguna” por valor de 797.827 euros a favor de cinco sociedades mercantiles que se encontraban vinculadas a los docentes por trabajos “que no tuvieron lugar”.
La Fiscalía Provincial de Madrid solicita ocho años y tres mes de prisión para cada una de ellas. El representante del Ministerio Público les imputa un delito continuado de prevaricación administrativa por el que pide una inhabilitación de diez años, un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Al resto de los acusados, a quien la Fiscalía considera cooperadores necesarios en la comisión de dichos delitos, les pide la misma pena de prisión. Se trata de un profesor de Derecho Civil de la UNED que actuó de común acuerdo con las otras cuatro acusadas y a los administradores únicos de las mercantiles Araciel Estudios S.L., The Mind 2012 Asesoramiento S. L., Devenir 2012 S. L., Kefalos S. L. y Lecol Iuris S.L.
El escrito de acusación señala que J. R. J. y L. C. T. M., ambas profesoras titulares del Departamento de Derecho Civil de la UNED, fueron nombradas Directoras por el Consejo de Gobierno de la UNED para impartir cuatro cursos de formación permanente en el curso académico 2013-2014, correspondiendo la gestión administrativa y económica de dichos cursos a la Fundación de la UNED (FUNED). Tal condición de Directoras les habilitaba para autorizar los gastos relativos a los cursos, mediante las resoluciones necesarias para habilitar los cobros correspondientes, “sin efectuar ninguna comprobación más”.
Ambas acusadas, según la Fiscalía, que “aprovecharon sus potestades como directoras de curso para lucrarse ilícitamente a costa de la UNED”, actuaron de común acuerdo con M. P. F., R. A. L. G., y A. S. G., también profesores del Departamento de Derecho Civil de la UNED. Así, las dos directoras de los cursos, a través de la resolución “Solicitud de pago de curso con cargo a proyecto”, autorizaron múltiples gastos “sin justificación alguna” a favor de cinco sociedades mercantiles por trabajos que no tuvieron lugar, cada una de las cuales se encontraba vinculada a uno de los cinco profesores.
Tanto J. R. J. como L. C. T., “para llevar a cabo lo acordado”, una vez que recibían las facturas emitidas por las sociedades, rellenaban el correspondiente formulario y adjuntaban las facturas con gastos sin justificar de las cinco sociedades y, según la Fiscalía, “procedían a autorizar el pago de las facturas estampando su firma en el formulario, y a continuación enviaban el formulario autorizando el pago a la Fundación UNED, que procedía a efectuar el pago que había sido previamente autorizado por la directora del curso, sin efectuar ninguna comprobación más”. Todas estas facturas emitidas por las cinco sociedades por trabajos no realizados ascienden a 480.897 euros y se corresponden al concepto colaboración, “sin que se ofrezca una descripción más detallada del concepto facturado, ni se acompañe ninguna otra documentación justificativa del trabajo realizado”.
Para la Fiscalía las dos directoras de los cursos omitieron todo procedimiento de contratación y, “sin sujetarse a las normas de publicidad y valoración establecidas por la normativa administrativa para los contratos mayores, y en atención a unos criterios de selección desconocidos”, encargaron supuestos trabajos que no se realizaron a las cinco sociedades. “La contratación –añade el escrito de acusación- debió cumplir las exigencias de publicidad, transparencia, concurrencia competitiva y adjudicación a la oferta más ventajosa, lo que no ocurrió. Las acusadas, a sabiendas de las irregularidades cometidas, autorizaron el gasto, procediéndose posteriormente por los órganos correspondientes de la Fundación UNED al pago de las facturas presentadas por las diversas empresas”.
Con posterioridad, las cuatro primeras acusadas M. P. P. F., J.R.J., L.C. T. M. y R. A. L. G. , fueron nombradas Directoras por el Consejo de Gobierno de la UNED para impartir ocho cursos de formación permanente en el curso académico 2014-2015. En esta convocatoria, la gestión económica pasó a ser competencia de la UNED, que recaudaba el dinero de las matrículas y realizaba los pagos de los cursos. Tal condición, por tanto, habilitaba a las acusadas para autorizar los gastos relativos a los cursos.
De común acuerdo con A. S. G., también profesor del Departamento de Derecho Civil de la UNED, los cinco se iban nombrando entre ellos profesores para realizar funciones docentes en los ocho cursos, al mismo tiempo que encargaron a los administradores únicos de las empresas investigadas una serie de facturas con cargo a los cursos por los conceptos de colaboración logística, trabajos de difusión y preparación de materiales, “por servicios que nunca se realizaron”. Pese a ello, presentaron las facturas para su cobro a las cuatro directoras, y todas ellas recibieron los pagos correspondientes por parte de la FUNED, “disponiendo así los acusados de las cantidades percibidas”.
Las facturas emitidas por las cinco sociedades por importe de 316.930 euros corresponden a tres conceptos diferentes: “trabajos de difusión” (228.500 euros) (o “publicidad y propaganda”), “colaboración logística” (34. 880 euros) y “preparación de materiales” (53. 550 euros). La Fiscalía advierte de que en ninguna de ellas se ofrece una descripción más detallada del concepto facturado, ni se acompañe ninguna otra documentación justificativa del trabajo realizado, ni se fije el IVA devengado, “siendo en muchas ocasiones, la misma cantidad económica recibida por las distintas sociedades, por trabajos no realizados, y en números redondos”.
Todos los gastos facturados por las cinco sociedades mencionadas derivados de la impartición de los cursos analizados han sido abonados por la UNED. El perjuicio económico causado a la UNED en el curso 2013/14 es de 480.897 euros, más 18.000 euros por las tarjetas regalo de El Corte Inglés. El perjuicio económico causado a la UNED en el curso 2014/15 es de 316.930 euros, cantidad de la que hay que restar 16.980 euros de facturas emitidas por la sociedad Kefalos SL, que no fueron abonadas. Por tanto, en concepto de responsabilidad civil, los acusados deberán indemnizar a la UNED con 480.897 euros, por el perjuicio económico causado en el curso académico 2013/14, y con otros 299.950 euros por el curso académico 2014/15. Los responsables civiles subsidiarios son las mercantiles Araciel Estudios S.L, The Mind 2012 Asesoramiento S.L, Devenir 2012 S.L, Kefalos S.L y Lecol Iuris S.L.
