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Madrid pondrá en marcha un nuevo Plan de Cuidados Paliativos que apostará por la investigación y la formación y tendrá más recursos

Gacetín Madrid

«La Comunidad de Madrid, a través del Servicio Madrileño de Salud, garantiza la continuidad y el acceso a los cuidados paliativos a todos los ciudadanos de la región, independientemente del lugar donde se encuentren, su edad o patología». Así lo ha destacado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, durante su visita a la Unidad de Atención Paliativa Continuada PAL24, en la sede del SUMMA 112, situada en la calle de la Antracita, cerca de Legazpi, que garantiza la continuidad de este tipo de asistencia las 24 horas del día y los 365 días al año en la región.

Este recurso innovador fue puesto en marcha por la Comunidad de Madrid en el año 2010 y, a día de hoy, continúa siendo único en todo el mundo. Ruiz Escudero ha visitado a sus profesionales con motivo del Día Internacional de esta actividad, que cada año se celebra el segundo sábado de octubre, y que en esta ocasión tiene como lema No dejar a nadie atrás: equidad en el acceso a los cuidados paliativos.

En este sentido, más de 10.100 pacientes adultos y 960 pediátricos recibieron en 2020 este tipo de cuidados especializados en la región, de manera continuada, por profesionales formados de manera específica para ello, tanto en domicilios, hospitales y centros residenciales.

Los 118 equipos de profesionales multidisciplinares con formación avanzada en esta asistencia están compuestos por médicos, enfermeras, técnicos auxiliares de enfermería, psicólogos y trabajadores sociales, entre otros, y pertenecen a distintos ámbitos: Atención Primaria, Hospitalaria y SUMMA112, todos ellos coordinados a través de la Oficina Regional de Cuidados Paliativos del Servicio Madrileño de Salud. Esta estructura específica planifica la asistencia, la formación de estos trabajadores y la investigación en esta materia.

Calidad al final de la vida

En la Comunidad de Madrid, tal y como establece su Ley de Derechos y Garantías en el Proceso de Morir, se ofrece «la adecuada atención profesional y humana a los pacientes para que la calidad de vida en su proceso final no sea un privilegio y para que sea accesible a todos los ciudadanos que la necesiten».

Por ello, la Consejería de Sanidad sigue potenciando este tipo de atención a través del nuevo Plan de Cuidados Paliativos que se está elaborando, y cuyos ejes fundamentales serán la identificación de enfermos con estas necesidades, la ampliación de recursos especializados, la continuidad asistencial, así como la investigación y formación en estos cuidados específicos, que requieren de atención, tanto para los pacientes como para las familias, así como en procesos oncológicos y no oncológicos.

«Además, en este nuevo plan tendremos muy presentes las necesidades, cada vez de mayor complejidad, que manifiestan los pacientes, quienes requieren de una atención más duradera en el tiempo, con mayor carga social, a la que tenemos que dar siempre respuesta», ha señalado Escudero.

Ley de eutanasia

Durante su visita a la sede del SUMMA 112, el consejero madrileño ha explicado el Decreto por el que se regulan el Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda a morir y la Comisión de Garantía y Evaluación aprobado este miércoles por el Consejo de Gobierno de la Comunidad para dar cumplimiento a la Ley estatal de eutanasia.

«Desde que se aprobó la ley de eutanasia expresamos que no era el sentir del Gobierno de la Comunidad pero lógicamente tenemos que cumplir con la ley», ha expuesto Escudero, indicando que la Comunidad de Madrid ha trabajado principalmente en dos líneas orientadas a elegir los perfiles del Comité que tiene que elegir en caso de que se presente un caso de eutanasia sobre si hay que aplicar la ley o no y el registro de objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

Sobre esto último, ha expuesto que está previsto que se ponga ya en marcha, de modo que desde el momento en que el profesional muestre su voluntad ya se le considera objetor, sin necesidad de esperar a que se le incluya en el registro de objetores, un proceso que puede demorarse uno o dos días.

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