El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, se ha tomado muy en serio la petición realizada por las comunidades de vecinos afectadas por varios proyectos de ‘cocinas fantasma’ (restaurantes sin atención presencial que preparan comida a domicilio) de Madrid y ha solicitado al Ayuntamiento dirigido por José Luis Martínez-Almeida que aclare si la ley permite que este tipo de negocios se instalen en suelo residencial.
El pasado 18 de mayo, después de que el Consistorio ignorase su reiterada petición de una moratoria de licencias para las dark kirchen en edificios de viviendas, la federación presentó un escrito en la Oficina del Defensor del Pueblo en el que le requerían que se dirigiese “a la administración competente instándola a actuar y tomar las medidas oportunas que contribuyan a preservar los derechos y el bienestar de los vecinos y vecinas”. Además, le daba traslado de irregularidades detectadas en ocho de estos negocios.
Fernández Marugán ha atendido el ruego vecinal y se ha dirigido a la corporación local para “que aclare si la actividad de este tipo de cocinas industriales está permitida en suelo residencial, de acuerdo con la normativa urbanística vigente”. La instalación de estos negocios “tiene que contemplarse con la mayor de las cautelas debido a los posibles efectos adversos que pueden producir en la salud de las personas y en el medio ambiente“, asegura el Defensor en la misiva remitida al alcalde la ciudad.
En su escrito, Marugán también solicita el número de proyectos de cocinas fantasma autorizados o en trámite, ya sea mediante licencia o declaración responsable, así como un informe sobre las inspecciones realizadas por el Ayuntamiento y las medidas solicitadas ante irregularidades detectadas.
“La ubicación de estas actividades entre las viviendas origina múltiples y graves molestias a la población residente en sus entornos, dados los impactos manifiestos sobre la calidad del aire, la contaminación acústica, la movilidad y la seguridad. Una elevada proporción de ellas incumplen o posiblemente incumplen distintas normas reguladoras del Ayuntamiento de Madrid, por lo que la actividad debería ser objeto de las preceptivas órdenes de cese y clausura o, en su caso, la licencia de obras y funcionamiento no debería ser otorgada”, sostenía la Federación Vecinal en su carta al Defensor.
Tras la movilización de las comunidades afectadas, el Ayuntamiento de Madrid se ha comprometido a modificar las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid para regular adecuadamente la actividad de las dark kitchen, pero este es un proceso que puede demorarse meses e incluso años, por lo que la FRAVM insiste en que mientras esto se produce el Consistorio debe apruebe una moratoria de licencias, siguiendo el ejemplo de Barcelona.
